Roberto Veiga González
Abogado y politólogo / Colaborador de la Fundación Alternativas
El presente análisis aborda la controversia en torno al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea (UE) y la República de Cuba, suscitada por las demandas de suspensión provenientes de sectores europeos y de la oposición cubana. En contraposición a esta postura, se presenta una perspectiva defendida por otros actores de la oposición cubana, quienes proponen la revitalización del acuerdo como un medio para contribuir al bienestar de la población cubana. A continuación, se examinan los fundamentos, la implementación y los desafíos inherentes a este marco bilateral, con el objetivo de argumentar en favor de su continuidad y fortalecimiento, con especial énfasis en la inclusión de la sociedad civil cubana autónoma y la promoción efectiva de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
En mi opinión, el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y Cuba, suscrito en 2016, representa un marco bilateral de suma importancia. Su propósito central radica en la articulación de intereses compartidos y el fomento de la colaboración en múltiples ámbitos que estimo vitales para ambas partes. Este instrumento aspira a involucrar a un amplio espectro de actores de la UE y Cuba, y define mecanismos de gestión específicos que considero indispensables para su adecuada ejecución. Sin embargo, su efectividad y legitimidad son objeto de debate en la actualidad.
Fundamentalmente, el acuerdo establece la canalización de la cooperación de la UE hacia Cuba en áreas que considero estratégicas, a saber, la democracia y el desarrollo sostenible. Respecto a la democracia, la labor conjunta se articularía en torno a los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el apoyo a la sociedad civil –un elemento que me parece crucial–, el fomento de la educación, la promoción de la buena gobernanza y la transparencia, la modernización de la administración pública y el impulso de políticas sectoriales. En el ámbito del desarrollo, la atención se centraría en la transferencia de tecnología, el desarrollo sostenible, la promoción del empleo digno, la protección social y la atención a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, aspectos que considero esenciales para el avance de Cuba.
Asimismo, Cuba se compromete recíprocamente a cooperar con la UE en la lucha contra amenazas transnacionales. Este compromiso incluye el tráfico y la proliferación de armas, el terrorismo en todas sus manifestaciones, la delincuencia organizada transnacional, la trata de personas, el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos, ámbitos en los que la colaboración internacional me parece fundamental.
De modo que la implementación de este acuerdo requiere la participación de una amplia gama de actores bilaterales. En el caso de Cuba, esto comprendería al Gobierno y a las instituciones públicas en todos sus niveles, junto con la diversa sociedad civil, incluyendo asociaciones científicas, técnicas, culturales, artísticas, deportivas, de amistad y solidaridad, organizaciones sociales, sindicatos y cooperativas. En cuanto a la parte europea, se involucrarían las agencias de desarrollo de los Estados miembros de la UE, las organizaciones internacionales y sus agencias especializadas, así como las múltiples expresiones de la sociedad civil europea.
El documento establece un Consejo Conjunto, integrado por representantes ministeriales de la UE y de Cuba, para la supervisión y la toma de decisiones vinculantes del acuerdo. La presidencia de este órgano es rotatoria en cada reunión entre ambas partes. Para su funcionamiento, el Consejo Conjunto cuenta con el apoyo de un Comité Conjunto, compuesto por funcionarios de alto nivel que representan a ambas delegaciones.
Si bien las declaraciones oficiales de la UE y Cuba han destacado progresos y satisfacción mutua en varios aspectos de la cooperación –reforzado por la visita del Alto Representante de la UE en 2023–, la realidad de la implementación del acuerdo ha provocado una variedad de reacciones y preocupaciones en ciertos segmentos de ambas sociedades. Diversos grupos de cubanos, marcados por los continuos desafíos políticos y socioeconómicos, han expresado dudas sobre los beneficios tangibles del acuerdo, e incluso han pedido su anulación.
La posición de estos, basada en una visión política que promueve el aislamiento de la isla, parte de la premisa de que los efectos adversos para la población finalmente erosionarán el poder establecido. Por principio, me opongo a esa estrategia que instrumentaliza el bienestar del pueblo en la lucha política, lo cual siempre me ha parecido una vileza. Y, en el caso de Cuba, la historia de casi siete décadas evidencia su rotundo fracaso.
A la vez, otros grupos de la oposición cubana, aun siendo críticos con el Gobierno, defienden la necesidad de un diálogo constructivo y urgente –pero realista– para alcanzar soluciones pragmáticas, siempre priorizando la defensa de las libertades fundamentales como un principio innegociable para aliviar el sufrimiento de la población. Estos sectores, aunque reconocen el valor de la presión política, no consideran que la interrupción total del diálogo y la cooperación sea una estrategia que lleve a la liberación o a un cambio positivo.
Si bien haría falta considerar los análisis de estos al respecto. Revelan que la cooperación sustantiva en derechos humanos y promoción de la democracia ha sido limitada en alcance e impacto. Asimismo, aunque reconocen colaboraciones específicas en el ámbito empresarial o comercial, dudan de que hayan tenido un efecto significativo en la calidad de vida de la mayoría de la población. En cuanto a la sociedad civil, perciben que los beneficios se han circunscrito a experiencias locales o religiosas concretas, y señalan las restricciones en los intercambios sólo entre entidades paraestatales cubanas e instituciones de la UE. Esto los lleva a cuestionar la amplitud y la efectividad de la cooperación declarada, así como la transparencia en la gestión de los fondos destinados a ella. Sin embargo, en lugar de proponer la cancelación del acuerdo, abogan por su revitalización.
Señalan un punto crítico central en la escasa inclusión de la sociedad civil cubana autónoma, es decir, no afiliada al Partido Comunista de Cuba. Esto contrasta con el respaldo que una parte importante de esta sociedad civil brindó al acuerdo, y con el compromiso fundamental de promover la participación ciudadana. La participación de actores independientes parece limitarse a situaciones puntuales donde existe una tolerancia oficial transitoria, como en el caso actual de ciertos emprendedores privados.
En relación con los inversores europeos en Cuba, reconocen lógico exigirles operar dentro del marco legal vigente en la isla, pues actuar de otro modo sería una injerencia inaceptable, al igual que su intervención en la política interna cubana. Sin embargo, aplicando esta misma lógica, argumentan que los inversores europeos estarían contraviniendo los principios y objetivos del acuerdo UE-Cuba, especialmente en lo concerniente al trabajo digno, la protección social y los derechos humanos, si enfocan su presencia en la isla exclusivamente desde una perspectiva mercantilista.
En conclusión, apoyo la postura de un sector importante de la oposición cubana que no ve necesaria la derogación del acuerdo. También respaldo la solicitud de estos encaminada a que tanto el Consejo Conjunto como su Comité ofrezcan una rendición de cuentas transparente y pública sobre los logros y obstáculos en su implementación. Igualmente, considero crucial que la UE precise con mayor claridad y rigor los mecanismos de gestión del acuerdo, en línea con su objetivo inicial y tomando en cuenta la experiencia adquirida durante estos años.
Desde mi punto de vista, resulta primordial que la sociedad civil cubana autónoma, en su plena diversidad y tal como se contempla formalmente en el acuerdo, desempeñe un papel central en su desarrollo e implementación. De no ser así, se corre un grave riesgo de que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y Cuba se transforme en un simple instrumento de apoyo a las estructuras de poder vigentes, frustrando su potencial para contribuir al bienestar del pueblo cubano.