<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha preguntado al Gobierno por qué la nueva Estrategia España-África, presentada el pasado mes de diciembre, “omite el pueblo saharaui y la especial vinculación de España con el Sahara Occidental”.</strong></h4> En una pregunta parlamentaria oral presentada el pasado.20 de mayo para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, los diputados Carmelo Barrio Baroja, Carlos Floriano Corrales y Carlos Rojas García piden al Gobierno que explique “cuál es la razón por la que en la Estrategia del Ministerio de Asuntos Exteriores ‘España-África 2025-2028. Trabajando juntos a través de una relación estratégica’ se omite el pueblo saharaui y la especial vinculación de España con el Sahara Occidental”. La Estrategia España-África 2025-2028, presentada a principios de diciembre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé, entre otras medidas, un aumento del despliegue diplomático en la región y la ampliación de la capacidad diplomática con África desde la propia España mediante la puesta en marcha de una Subdirección General para África Occidental y el Sahel dentro de la Dirección General para África, la creación de un Consejo asesor sobre África en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la constitución de una Comisión Interministerial para África, un calendario de viajes y visitas ministeriales a países y organizaciones africanas, el refuerzo de Casa África, Casa Árabe y Casa Mediterráneo y el refuerzo de las Oficinas de la Cooperación Española en África Occidental y Sahel. El documento, de casi cien páginas, no incluye ninguna mención al Sáhara Occidental. Según explicó Pedro Sánchez durante la presentación, la nueva Estrategia, a diferencia de los Planes África anteriores, cuenta con “una dimensión continental”, sin categorías de países ni socios prioritarios, aunque sí presta “especial atención” a la “vecindad inmediata: el norte de África, África Occidental y el Sahel, sin limitarse a África Subsahariana, tal y como se reflejaba en los anteriores Planes África”. La política española hacia el Sáhara Occidental dio un giro brusco e inesperado en marzo de 2022 con la decisión de Pedro Sánchez de avalar el plan marroquí de autonomía para la antigua colonia española, por considerarlo “la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”. Esta medida, que fue rechazada por todo el resto del arco parlamentario, incluidos los socios de gobierno, permitió superar la gravísima crisis diplomática con Marruecos pero ha generado, entre otras consecuencias, numerosas críticas a las autoridades españolas por su aparente complicidad con Rabat en materia de derechos humanos en el Sáhara Occidental. En estos tres años, el Gobierno ha sorteado todas las preguntas parlamentarias relacionadas con la persecución de periodistas y activistas saharauis y con la situación de solicitantes de asilo del antiguo territorio español. Aparte, el pasado mes de marzo, los diputados del PSOE (socio mayoritario del Gobierno) volvieron a mostrar su oposición a una proposición de ley de Sumar (socio minoritario) para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1976, cuando el territorio todavía se hallaba bajo la administración española. El pasado mes de octubre, el Gobierno español eludió cualquier pronunciamiento sobre la decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de anular los acuerdos comerciales de 2019 entre la Unión Europea y Marruecos por considerar que el pueblo del Sáhara Occidental no había sido consultado adecuadamente a pesar de afectar directamente a los recursos de su territorio. “Respetamos las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ante la Comisión de Exteriores del Congreso.
