<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Ministerio de Asuntos Exteriores ha asegurado que la Embajada de España en Chile “ha ido haciendo un seguimiento regular de todos los casos judiciales en curso relacionados con víctimas españolas durante la dictadura chilena” de Augusto Pinochet (1973-1990).</strong></h4> En respuesta a una pregunta parlamentaria presentada el pasado 14 de abril por Enrique Santiago, de Sumar, el Ministerio aseguró el pasado 13 de mayo que la Embajada ha mantenido contactos tanto con la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Chile como con los abogados de las causas y, en ocasiones, con los familiares de las víctimas. Gracias a estas gestiones, prosiguió, “se han identificado seis casos judiciales ya concluidos en el sistema judicial chileno”. Varios de esos casos “han sido cerrados recientemente, mediante sentencias firmes en el Tribunal Supremo”, precisó. En la actualidad, según el Ministerio, “se tiene identificado un caso judicial relacionado con víctimas españolas durante la dictadura en Chile todavía en curso”. Se trata de Margarita Eliana Martin Martínez (de nacionalidad chilena y española), María Paz Martín Martínez (de nacionalidad chilena y española) e Isidro Salinas Martin, tres integrantes de una familia, ejecutados por agentes de la policía de carabineros la madrugada del 30 de junio y 1 de julio de 1986. La causa fue sobreseída por la Justicia Militar en 1993, pero “gracias al impulso de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos”, la Subsecretaría de Interior interpuso en 2010 una querella por esos tres crímenes, que quedó tramitada por la Corte de Apelaciones de San Miguel a través del juez instructor e investigador de primera instancia. Ese mismo año, en el mes de septiembre, el hermano y tío de las víctimas se sumó a esa causa, interponiendo también una querella criminal. “A día de hoy, la causa continúa abierta en la Corte de Apelaciones de San Miguel” y la juez de instrucción “ha decretado y llevado a cabo numerosas diligencias de investigación, peritajes y otros actos judiciales, encontrándose la causa en sumario, sin procesados, por el momento”, explicó el Ministerio. Aparte, el embajador de España en Chile, Rafael Garranzo, ha mantenido un encuentro con la familia y con el abogado de la causa y ha dirigido las gestiones con la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, la última de las cuales tuvo lugar el pasado 28 de marzo. Por otra parte, la Embajada de España ha participado en los últimos años en varios actos de memoria por víctimas con nacionalidad española durante la dictadura en Chile, entre ellos Carmelo Soria, un funcionario español de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) asesinado en 1976; y los sacerdotes Joan Alsina y Antonio Llidó. Aparte, la Embajada de España colabora habitualmente con el Museo de la Memoria en los homenajes y eventos que organiza específicamente para las víctimas españolas, así como en los actos de memoria de todas las víctimas. Estos actos se celebran, habitualmente, en el día de los Derechos Humanos y en los días próximos al aniversario del golpe de Estado de Chile (11 de septiembre de 1973), cuando se conmemora a todas las víctimas de la represión. Los casos vinculados a las víctimas españolas de la dictadura son gestionados desde la Embajada de España en Chile, con apoyo del Consulado General y a través de una continua colaboración tanto con la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia como con el Museo de la Memoria en Santiago de Chile y con los distintos memoriales existentes a lo largo de todo el país.
