<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha instado al Gobierno a garantizar la gestión española del espacio aéreo del Sáhara Occidental a través de ENAIRE, la entidad pública empresarial que gestiona el tráfico aéreo en España, y bajo la supervisión de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).</strong></h4> Así figura en la Proposición no de Ley presentada el pasado 28 de marzo por el Grupo Parlamentario Popular y aprobada en sus propios términos el pasado 6 de mayo por la Comisión de Asuntos Exteriores, según informó esta semana el Boletín Oficial del Congreso. La PNL recuerda que España gestiona desde 1976, a través de ENAIRE, el espacio aéreo del Sáhara Occidental (“territorio no autónomo pendiente de descolonización, según la ONU”), por mandato de la OACI. “Este control ha permitido garantizar la seguridad, estabilidad y operatividad del tráfico aéreo en la región, conforme a la normativa internacional”, añade. El espacio aéreo que sobrevuela el Sáhara Occidental se controla desde las Islas Canarias y, por ello, España es la encargada de autorizar los vuelos que llegan al territorio. Sin embargo, los aeropuertos del territorio están controlados por Marruecos, que ocupa militarmente la antigua colonia española desde el año 1975. El pasado mes de diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró ante el Pleno del Congreso de los Diputados, en respuesta a una pregunta del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que España no tiene intención de ceder a Marruecos el espacio aéreo del Sáhara Occidental. Sin embargo, prosigue el texto, “tras el cambio de posicionamiento unilateral del presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) respecto al Sáhara Occidental, que apoya el plan de autonomía de Marruecos y rompe con la neutralidad activa mantenida por todos los Gobiernos, se ha creado una profunda preocupación, particularmente en lo que respecta a la gestión del espacio aéreo”. Según el PP, “la opacidad y la falta de explicaciones sobre las negociaciones bilaterales han generado incertidumbre sobre la posibilidad de que España ceda la gestión de este espacio estratégico sin ofrecer garantías de seguridad ni beneficios para nuestro país”. <h5><strong>Declaración de abril de 2022</strong></h5> Por ejemplo, el PP recuerda que en la declaración conjunta firmada por Pedro Sánchez y el Rey Mohamed VI el 7 de abril de 2022 “se acordó abrir un diálogo sobre la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental mediante la creación de un grupo de trabajo de cooperación aérea”. “Desde entonces, este grupo se ha reunido sin que el Gobierno haya ofrecido información sobre el alcance de estas negociaciones, ni sobre el impacto que podrían tener en la gestión del tráfico aéreo”, lamenta el principal partido de la oposición. Asimismo, durante la XII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos, celebrada los días 1 y 2 de febrero de 2023, “el Gobierno firmó acuerdos en distintas áreas, incluyendo la aviación civil”, pero “ha evitado detallar si en estas conversaciones se abordó la posibilidad de transferir la gestión del espacio aéreo a Marruecos”. “A pesar de que el Gobierno insiste en que estas reuniones buscan mejorar la cooperación técnica, no se ha descartado la posibilidad de que Marruecos termine asumiendo el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental, lo que supondría un grave problema desde el punto de vista del derecho internacional”, ya que “cualquier cesión de competencias en su gestión aérea sin el respaldo de la OACI implicaría una violación flagrante del derecho internacional y equivaldría a un reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre el territorio”, advierte del PP. El Grupo Popular recuerda también que la Comisión Europea ha reiterado que “los acuerdos de aviación entre la UE y Marruecos no pueden aplicarse al Sáhara Occidental sin un consentimiento explícito, por lo que cualquier intento de transferir la gestión de este espacio aéreo sin un marco legal adecuado podría generar conflictos con Bruselas y con los organismos internacionales de aviación civil”. El PP lamenta también “la falta de transparencia por parte del Gobierno” en esta materia, que impide “conocer el impacto operativo, económico y estratégico” de una eventual cesión. “España ha mantenido hasta ahora un sistema de control eficiente y seguro, regulado por normas internacionales, y cualquier alteración en esta estructura debe realizarse con total transparencia y asegurando la estabilidad del tráfico aéreo comercial y militar”, advierte. “Ceder la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos sin el debido debate parlamentario, sin garantías jurídicas y sin transparencia, supondría una traición a los intereses de España y un grave precedente en la política exterior española”, añade el Grupo Popular. <strong>Informar al Congreso</strong> Por todo ello, la Proposición no de Ley aprobada por la Comisión de Exteriores insta al Gobierno a “garantizar el mantenimiento de la gestión española del espacio aéreo del Sáhara Occidental, a través de ENAIRE y continuar ejerciendo esta labor bajo la supervisión de la OACI” y a “informar al Congreso de los Diputados, de manera inmediata, de los términos de las negociaciones con Marruecos sobre la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental”. También pide que “cualquier modificación en la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental sea sometida a debate parlamentario y cuente con el respaldo de los organismos internacionales competentes” e insta al Ejecutivo a “solicitar a la OACI que ratifique que España debe seguir gestionando el espacio aéreo del Sáhara Occidental, en cumplimiento de su mandato y de la normativa internacional, impidiendo cualquier cesión de competencias que vulnere el marco legal vigente”.
