Eduardo González
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGEE) y el sindicato Comisiones Obreras han expresado su rechazo a la subida de las tasas consulares propuesta por la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE).
El pasado 26 de mayo, la ADE presentó una propuesta para mejorar la financiación de la red consular española y, por tanto, para paliar el “persistente deterioro” que sufre “desde hace años debido a la insuficiencia de los presupuestos para atender el aumento continuo de la demanda de servicios consulares”.
Entre estas medidas, la Asociación propuso una posible subida de las tasas consulares a fin de “garantizar que la Hacienda pública no pierde los actuales ingresos provenientes de la red consular” y con el objetivo de que “el Ministerio de Exteriores pueda disponer de la financiación necesaria sin que Hacienda vea mermados sus ingresos consulares históricos”. “Hay amplio margen para ello, pues el estudio comparado permitió constatar también que el nivel medio de las tasas de todos los países analizados era muy superior al de las tasas vigentes en las oficinas consulares españolas”, añadió la ADE.
“Si bien compartimos la preocupación por el deterioro de la red consular y la necesidad urgente de reforzarla con más recursos humanos y materiales, rechazamos rotundamente que la carga recaiga sobre la ciudadanía española residente en el exterior, mediante el establecimiento de nuevas tasas o el incremento de las ya existentes”, declaró en un comunicado el CGCEE, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
“Esta propuesta”, prosiguió, “incurre en una clara discriminación hacia la ciudadanía española en el exterior, al pretender imponer tasas por servicios que en territorio nacional son gratuitos o tienen un coste significativamente menor”.
Por tanto, advirtió, la propuesta vulnera el principio de igualdad recogido en la Constitución Española y en el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que establece la obligación de garantizar a la ciudadanía española residente en el exterior “el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales en términos de igualdad con los españoles residentes en España”.
“Imponer tasas adicionales a quienes ya enfrentan barreras geográficas, administrativas y económicas para acceder a servicios consulares es una forma de exclusión institucional”, declaró el Consejo General. “La solución a los problemas estructurales de la red consular no puede pasar por penalizar a quienes dependen de ella”, añadió.
Asimismo, el CGCEE advirtió de que esta propuesta “podría llevar a que parte de la ciudadanía opte por evitar gestiones en los consulados generales, bien postergándolas, bien realizándolas en España si tienen la posibilidad de viajar, lo que introduce una desigualdad basada en la capacidad económica y la movilidad. Esta situación podría generar efectos contraproducentes a medio y largo plazo”. Por todo ello, el Consejo General instó a las Cortes Generales y al Gobierno a rechazar la propuesta y a trabajar “en la mejora de la red consular con soluciones que respeten los derechos de toda la ciudadanía, sin importar su lugar de residencia”.
CCOO
Por su parte, la Sección Sindical Estatal del Servicio Exterior del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) advirtió, en un comunicado, de que “este tipo de medidas constituyen una receta neoliberal que hace recaer sobre la población los costes de un servicio público esencial, debilitado por décadas de desidia y abandono institucional”.
“Es indignante que quienes han gestionado durante años la red exterior (y han contribuido a su deterioro) pretendan ahora hacer pagar a las ciudadanas y ciudadanos por derechos básicos como el acceso a documentación o trámites consulares, más aún cuando esa misma red ha sido objeto de denuncias reiteradas por parte de esta organización sindical, sin que desde la ADE se haya alzado la voz hasta que la Inspección de Trabajo ordenó el cierre del Consulado en Mendoza por riesgos estructurales para la plantilla y para el público. ¿Dónde estaba su preocupación entonces?”, denunció el sindicato.
“Frente a esta visión elitista, en CCOO-Exterior defendemos con claridad que el Servicio Exterior no puede sostenerse cobrando más a quienes menos tienen, y menos aún en un contexto de precariedad creciente, inflación global y deterioro de los servicios públicos”, añadió.
“Más de tres millones de españolas y españoles viven fuera de nuestras fronteras. Durante la pandemia, fueron los trabajadores y trabajadoras de Embajadas, Consulados, Consejerías y Oficinas Sectoriales en el exterior quienes garantizaron su protección, repatriaciones, asistencia sanitaria y documentación básica. Y lo hicieron en condiciones extremadamente difíciles: con plantillas recortadas, salarios congelados y edificios en ruina”, prosiguió.
“El problema del Servicio Exterior no es de ingresos consulares: es de voluntad política. Es el Estado quien debe garantizar la financiación suficiente para que el servicio público exterior funcione, con criterios de equidad, dignidad y justicia social. Aumentar tasas no es modernizar: es privatizar. Y lo decimos alto y claro: convertir el deterioro en excusa para cargar sobre la ciudadanía el coste del abandono institucional no es una solución, es una trampa”, advirtió.
El sindicato recordó también que las plantillas en Embajadas y Consulados apenas han aumentado un dos por ciento desde 2009 a pesar de que la población española residente en el exterior se ha duplicado en este mismo periodo, hasta alcanzar los tres millones de personas.
Este desajuste, causado por “falta de previsión y voluntad política”, tiene “consecuencias graves” en “las principales oficinas consulares del mundo (Londres, La Habana, París, Buenos Aires, México o Caracas)”, que se enfrentan a “un volumen de trabajo cada vez más insostenible, agravado por nuevas obligaciones derivadas de políticas de Estado, como la Ley de Memoria Democrática o la emisión de visados, que superaron el 1,3 millón solo en 2023”, denunció CCOO.
