<h6><strong>Ane Barcos/Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La propuesta de España para incluir el catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales en la Unión Europea a partir de enero de 2027 ha vuelto a estancarse en el Consejo de Asuntos Generales (CAG) a causa de las reticencias de varios Estados miembros, que han obligado a la Presidencia polaca a posponer el debate y al Gobierno español a renunciar a la votación prevista para este martes.</strong></h4> España había redoblado esfuerzos diplomáticos para lograr un consenso de cara al CAG, en el que participó el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro. El día anterior, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró en rueda de prensa que el Gobierno estaba trabajando con “todos los Estados miembros” de la UE para “conseguir una propuesta sólida” y que la propuesta española había entrado en el orden del día del CAG “para adopción”. Sin embargo, después de que Fernando Sampedro abriera el debate, varias delegaciones tomaron la palabra para pedir a España que renunciara a la votación y permitiera posponer un debate sobre el que planeaban dudas legales, económicas y prácticas “sin resolver”, según indicaron fuentes europeas a la agencia Europa Press. Por ejemplo, Finlandia confirmó este martes su oposición, al considerar que el expediente “no está suficientemente maduro” y que persisten preocupaciones jurídicas que impiden una votación inmediata. En este sentido, Joakim Strand, ministro de Asuntos Europeos y de Gestión de Participaciones del Estado de Finlandia, ha afirmado que espera que la votación no se celebre este martes. Otros países, como Suecia y Austria, expresaron dudas sobre el impacto legal y económico de la medida. Francia y Polonia evitaron confirmar su postura de cara a una posible votación, mientras que Croacia reconoció que necesitaba más información antes de fijar su posición. En el bloque favorable, Dinamarca, Chipre y Eslovenia mostraron su apoyo a la propuesta. Finalmente, la Presidencia polaca del Consejo de la UE ha tomado la iniciativa de pedir un aplazamiento del debate, según informaron fuentes diplomáticas a la agencia Europa Press, sin más detalles. Otras fuentes aclararon que también se ha tomado la decisión de aplazar la votación después de que “bastantes” Estados miembro pidieran “más claridad” y de que los servicios legales expresaran sus dudas respecto a la posibilidad de modificar el reglamento de lenguas sin una reforma de los Tratados. Antes del debate de este martes, algunos países habían mostrado también sus dudas, e incluso su abierta oposición, por el posible impacto de la propuesta en otros Estados miembros con lenguas minoritarias. Para convencer a los socios más reticentes, España se había amparado en la “excepcionalidad” y la “especificidad del caso español”, no extrapolable a otros casos, y se había comprometido a asumir los costes. La modificación del régimen lingüístico de la UE requiere del apoyo unánime de los 27 Estados miembros. Por ello, el rechazo explícito de Finlandia y las dudas jurídicas y económicas expresadas por otros países fueron suficientes para bloquear cualquier decisión. <h5><strong>Presidencia polaca</strong></h5> Al término de la reunión, la Presidencia polaca del Consejo ha subrayado que la inclusión del asunto en la agenda ha respondido a una solicitud formal del Gobierno español, y que ahora "está en manos de España" despejar las dudas legales, económicas y prácticas expresadas por varios Estados miembros. El ministro polaco de Asuntos Europeos, Adam Szłapka, ha añadido que continuarán las conversaciones con la Comisión Europea, que ya ha ofrecido una estimación preliminar de costes basada en la experiencia con la incorporación del irlandés como lengua oficial de la UE. Por su parte, el comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, ha recordado que, según el artículo 342 del Tratado de Funcionamiento de la UE, la Comisión no tiene un papel formal en este proceso, pero ha ofrecido su colaboración para apoyar al Consejo en caso de que se decida avanzar con la modificación del reglamento lingüístico. En ese caso, ha explicado, se realizaría un análisis más profundo antes de una posible adopción formal. <h5><strong>Albares</strong></h5> Una vez conocido el aplazamiento de la votación, Albares declaró a TV3 que el debate del CAG había demostrado que había habido 20 países “en condiciones de avanzar con esta propuesta” y otros siete que “todavía consideran que se necesita más trabajo sobre los aspectos financieros y jurídicos”. Asimismo, aseguró que no fue España la que renunció a la votación, sino la Presidencia polaca, que llegó a la conclusión de que era preferible aplazar este punto tras comprobar que no había consenso. “El tema sigue en la mesa para conseguir la unanimidad”, aseguró Albares, quien adelantó que, desde este mismo martes, se pondría en contacto con sus homólogos de los siete países reticentes para aclarar sus dudas. “El Gobierno de España no va a renunciar y estoy seguro de que esto ya es irreversible”, añadió. <h5><strong>Pilar Alegría: “España acepta la petición de varios países de seguir dialogando”</strong></h5> En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, confirmó este martes que España ha aceptado “la petición de varios países de seguir dialogando”, a pesar de que “se habían conseguido grandes avances en estas últimas semanas y de hecho había un número amplio de Estados que estaban dispuestos a aprobar esta medida esta misma mañana”. “También es verdad que un número menor, más pequeño, de otros países nos han pedido más tiempo, más información”, añadió. Según la portavoz, el Gobierno va “a seguir trabajando y dialogando para conseguir este compromiso y este reconocimiento”. La oficialización del catalán (y, de paso, el euskera y el gallego) en el seno de la Unión Europea fue uno los compromisos entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los independentistas catalanes de Junts para conseguir su apoyo en la votación de investidura. Por ello, el Gobierno aprovechó la última Presidencia española del Consejo de la UE (segundo semestre de 2023) para introducir el tema en cuatro reuniones consecutivas del Consejo de Asuntos Generales (19 de septiembre, 24 de octubre, 15 de noviembre y 12 de diciembre de 2023), en dos de las cuales compareció el propio Albares, algo inusual en este tipo de encuentros. Pese a esa insistencia, las cuatro reuniones concluyeron sin ninguna decisión concreta. De hecho, la de este martes no es la primera ocasión en que España se ve obligada a renunciar a la votación sobre su propuesta. La anterior tuvo lugar en diciembre de 2023, durante el último CAG de la Presidencia española de la UE, que solventó el asunto con el compromiso de la próxima Presidencia belga de “hacer avanzar los trabajos sobre la solicitud de España durante su mandato”. No obstante, la cuestión de los idiomas brilló por su ausencia en la agenda de todos los Consejos de Asuntos Generales del semestre belga y tampoco figuró ni una sola vez durante la posterior Presidencia húngara. El pasado 29 de enero, Albares aseguró que su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, se había comprometido con él a incluir el tema en la agenda de la actual Presidencia polaca para someterlo a la “decisión de todos los Estados miembros de la UE”. El pasado mes de febrero, Albares pidió a su homóloga de Dinamarca, Marie Bjerre, el apoyo de la próxima Presidencia de su país (que comenzará el 1 de julio) a la propuesta española.
