La ADE propone nuevos mecanismos financieros para una red consular “en persistente deterioro”

Eduardo González La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha publicado una propuesta para mejorar la financiación de la red consular española y, por tanto, para paliar el “persistente deterioro” que sufre “desde hace años debido a la insuficiencia de los presupuestos para atender el aumento continuo de la demanda de servicios consulares”. En un documento publicado este lunes, la ADE asegura que, “como resultado de esta infradotación sistemática, la red consular se encuentra en un estado lamentable, con una falta aguda de personal y de medios materiales que afecta gravemente a la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, pese al meritorio esfuerzo de todos los empleados públicos de la red por mantener en todo lo posible el nivel de los servicios”. En lo que se refiere a los recursos humanos, prosigue, las plantillas fijas de las oficinas consulares se mantienen “prácticamente inalteradas desde hace más de veinte años, a pesar de que en ese periodo se ha más que triplicado el número de españoles residentes en el extranjero inscritos en nuestras oficinas consulares, que ha pasado de algo más de 900.000 a inicios del siglo XXI a los más de tres millones de la actualidad”. Desde hace años, según la ADE, la falta de nuevas plazas fijas se intenta paliar recurriendo sistemáticamente a contrataciones temporales. Como consecuencia de ello, en los mayores consulados “la tasa de temporalidad llega a superar en algunos casos el 50%, frente al objetivo del ocho por ciento para la Administración General del Estado (AGE) en su conjunto”. “La situación no es mejor en los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores: en 2023 más de un tercio de las plazas (467 de un total de 1.373 puestos) se encontraban vacantes, en gran parte debido a que los salarios que se ofrecen no son competitivos dentro de la propia Administración General del Estado”, asegura el documento. Asimismo, prosigue, “los salarios del personal local contratado (colectivo PLEX) en algunos puestos en el exterior están considerablemente por debajo del mercado local”. En lo que respecta a los inmuebles, el informe llama la atención sobre el estado del Consulado General de España en Mendoza (Argentina), que se ha visto obligado a paralizar sus actividades debido a “las patologías significativas existentes en varios muros del edificio, las cuales a lo largo de los años no han sido resueltas”, y advierte de que, “lamentablemente, el mal estado de muchos de los edificios que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene en el extranjero no es algo nuevo, ni el del Consulado General en Mendoza es un caso aislado”. Un estudio realizado por el propio Ministerio de Asuntos Exteriores en 2019, asegura la ADE, “puso de manifiesto los graves problemas de infraestructura existentes” en la red consular y advertía de que varias oficinas consulares y embajadas “incumplen la normativa española de seguridad e higiene en el trabajo, carecen de la protección necesaria en países muy inseguros y no están preparadas para contingencias como los terremotos en países de alto riesgo sísmico”. “La situación, lejos de mejorar, no ha cesado de empeorar desde 2019 y la Inspección General de Servicios del Ministerio de AAEE ha recomendado en los últimos años el traslado de sede en varios casos, sin que estos cambios se hayan producido hasta la fecha”, asegura la ADE. “Este lamentable estado de cosas no sorprende si se considera que el Ministerio de Asuntos Exteriores disponía en 2023 de unos 13 millones y medio de euros anuales para mantener más de quinientos edificios en todo el mundo, muchos de ellos de carácter histórico”, prosigue. El deterioro de los edificios de Exteriores “continúa agravándose y entraña un serio riesgo (como se acaba de ver en Mendoza) tanto para las personas que trabajan en ellos (a menudo en condiciones de hacinamiento) como para el público que los visita, además de la pésima imagen que se da de nuestro país en el exterior”, añade. Como resultado de todo lo anterior, asegura la Asociación, “el servicio que ofrece nuestra red consular a los ciudadanos españoles en el exterior y a los ciudadanos extranjeros que acuden a nuestras oficinas consulares se ha deteriorado hasta niveles alarmantes y trámites que en condiciones normales deberían tomar unas pocas semanas o meses se alargan muchos meses e incluso años”. El documento admite que el proceso de digitalización en marcha en el Ministerio de Asuntos Exteriores (“del que sigue sin haber apenas información concreta, más allá de la digitalización del Registro Civil”) puede aliviar en parte esta situación, pero advierte también de que “no resolverá los problemas estructurales que aquejan a la red consular”. Recomendaciones Por todo ello, el documento de la ADE considera “imperativo y urgente un gran esfuerzo inversor en materia de instalaciones, muchas de las cuales no reúnen las condiciones necesarias de accesibilidad y seguridad para el personal y el público, por no hablar de representatividad e imagen del Estado ante su ciudadanía y la de los países en los que radican nuestras oficinas consulares”. En estas circunstancias, “un número considerable de oficinas consulares deberá cambiar de sede, dado que la ampliación, reforma y mejora de los edificios ahora ocupados no será suficiente o resultará inviable” y un “número aún mayor de edificios tendrá que ser reformado con urgencia a fin de eliminar los riesgos hoy existentes para el público y el personal que en ellos trabaja y con objeto de adecuarlos a la normativa de seguridad e higiene en el trabajo, riesgos laborales y atención al público, que hoy en día incumplen muchos edificios de forma flagrante”. La ADE recomienda también “aumentar las plantillas de las oficinas consulares en peor situación (especialmente de aquellas en Iberoamérica que van a incrementar de forma drástica el número de españoles inscritos como resultado de la Ley de Memoria Democrática) con personal fijo, acabando con el recurso sistemático a refuerzos temporales para atender necesidades permanentes” y considera “necesario aumentar las plazas de diplomáticos y otros funcionarios en las oficinas consulares, que algunas oficinas requieren de forma urgente”. Las medidas recomendadas incluyen también “un incremento salarial sustancial y urgente en muchos países (Reino Unido, países nórdicos, Alemania, Francia, EEUU, Australia…) en los que los sueldos del personal local contratado (colectivo PLEX) han quedado muy por debajo del mercado local”. La financiación de estas medidas urgentes Por otra parte, y “con objeto de financiar el considerable esfuerzo inversor que se requiere para remediar los problemas actuales de nuestra red consular y hacerla sostenible a largo plazo”, será preciso “pensar en fórmulas innovadoras de financiación, ya que no es realista pensar que este esfuerzo (que se extenderá a lo largo de varios años) pueda ser sufragado exclusivamente por vía presupuestaria, aunque evidentemente será necesario también aumentar los presupuestos de manera sostenida en los próximos años”, prosigue. A juicio de la ADE, “la solución más fácil y lógica, y la menos gravosa para las arcas públicas, es que un porcentaje a determinar (en función de la evaluación económica que se haga del esfuerzo inversor necesario) de los cuantiosos ingresos generados por nuestra red consular (unos 120 millones de euros en 2019) reviertan al Ministerio de Asuntos Exteriores para el mantenimiento y mejora de dicha red”. Al respecto, la Asociación ha comprobado, mediante un estudio comparado de redes consulares, “que varios países de nuestro entorno disponen de mecanismos de este tipo”, como es el caso de Italia. “Si se quiere garantizar que la Hacienda pública no pierde los actuales ingresos provenientes de la red consular se puede abordar un aumento de las tasas consulares, de forma que el Ministerio de Exteriores pueda disponer de la financiación necesaria sin que Hacienda vea mermados sus ingresos consulares históricos”, propone la ADE. “Hay amplio margen para ello, pues el estudio comparado permitió constatar también que el nivel medio de las tasas de todos los países analizados era muy superior al de las tasas vigentes en las oficinas consulares españolas”, añade. Una posibilidad adicional en materia de tasas es “la creación de nuevas tasas que se asignen desde su creación al mantenimiento y mejora de la red consular”, continúa la Asociación, que asegura que “otras redes consulares (por ejemplo, las de Portugal, Italia o Polonia) cobran tasas por trámites que en el sistema español son gratuitos”. “Cabría asimismo aplicar el principio de la reciprocidad en países con tasas muy superiores a las nuestras”, un principio que “se lleva aplicando desde hace unos años en materia de visados y ha incrementado la recaudación exponencialmente en países como Australia”, añade el estudio. Otra posible vía de aumento de la recaudación consular sin aumentar las tasas, continúa, es la creación de nuevas oficinas consulares en países en los que hay una gran demanda insatisfecha de visados de turismo o el aumento de la capacidad de emisión de visados en las oficinas consulares ya existentes en dichos países, “pues las oficinas consulares cuya principal tarea es la emisión de visados (a diferencia de aquellas que sobre todo atienden a colectividades numerosas, que suelen ser deficitarias) generan importantes superávits para las arcas públicas”.. “Sin embargo, la política de Hacienda ha sido en los últimos años autorizar el gasto de creación de nuevas oficinas sólo si se produce el cierre paralelo de otras equivalentes, lo que hace que se esté desaprovechando esta demanda potencial que sería enormemente beneficiosa para nuestra industria turística y nuestra economía”, lamenta la ADE. “Paradójicamente, pues, la negativa del Ministerio de Hacienda a autorizar la modesta inversión que requiere la apertura de un nuevo consulado priva al Estado de una recaudación adicional que multiplicaría rápidamente la inversión inicial”, añade. Al respecto, la ADE asegura que “la decisión sobre las diferentes posibilidades que se acaban de esbozar es exclusivamente política”, porque “nada en nuestro sistema legal impide que se decida dedicar parte de la recaudación consular al mantenimiento y mejora de la propia red consular que genera estos ingresos”, como tampoco “nada impide un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para que se destinen a los créditos de un servicio ingresos por la tasa que grava su prestación”. Al respecto, la ADE recuerda que el artículo 7 de la ley de Tasas dispone que “las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible”.

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