<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este lunes que el Gobierno está trabajando con “todos los Estados miembros” de la UE para “conseguir una propuesta sólida” que permita la oficialización de las lenguas catalana, vasca y gallega en las instituciones europeas.</strong></h4> La Presidencia polaca ha incluido, en el Consejo de Asuntos Generales (CAG) de este martes, “la solicitud de España de incluir el catalán, el euskera y el gallego en el Reglamento n.º 1/1958, que regula el régimen lingüístico de la UE”. El CAG se celebrará en Bruselas y España estará representada por el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro. “El punto está incluido en el orden del día para adopción”, declaró Albares durante una rueda de prensa conjunta con el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann David Wadephul, en la sede ministerial del Palacio de Viana en Madrid. “Trabajaremos con todos los Estados miembros y vamos a seguir trabajando hasta mañana mismo para incluir cualquier cosa, cualquier duda que puedan tener”, prosiguió Albares. “Hemos trabajado con varios Estados miembros sobre aspectos en los que tenían dudas o tenían reticencias para conseguir una propuesta sólida, una propuesta muy trabajada y muy mejorada, con todos los Estados miembros”, añadió. El ministro insistió también en que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE es “un asunto de identidad nacional española” en un país definido por la Constitución como “plurilingüe” y en el que “veinte millones” de personas residen en territorios en los que se hablan otras lenguas, además del castellano. “Estoy seguro, y no me cabe en la cabeza que pueda ser de otra manera, que todas las fuerzas políticas españolas están hablando con las fuerzas políticas hermanas para conseguir que esa identidad nacional sea reconocida”, prosiguió, en referencia indirecta al Partido Popular, al que ha reprochado frecuentemente por no secundar la propuesta del Gobierno ante sus socios europeos. Por su parte, Johann David Wadephul afirmó en la rueda de prensa que ambos ministros habían “hablado largo y tendido” sobre este tema durante su reunión en Madrid y aseguró que se llevaría “esta información y estos argumentos” para analizarlos en el Gobierno Federal. “Vamos a participar en el debate bajo la Presidencia polaca y habrá que ver cuáles serán mañana (martes) las propuestas de Polonia”, concluyó, sin más detalles. <h5><strong>El proceso</strong></h5> La modificación del régimen lingüístico de la UE requiere del apoyo unánime de los 27 Estados miembros. Algunos países han mostrado sus dudas, e incluso su abierta oposición, por motivos prácticos (su coste económico y los problemas para encontrar personal suficiente) y por su impacto posible en otros Estados miembros con lenguas minoritarias. Para convencer a los socios más reticentes, España se ha amparado en la “excepcionalidad” y la “especificidad del caso español”, no extrapolable a otros casos, y se ha comprometido a asumir los costes. La oficialización del catalán (y, de paso, el euskera y el gallego) en el seno de la Unión Europea fue uno los compromisos entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los independentistas catalanes de Junts para conseguir su apoyo en la votación de investidura. Por ello, el Gobierno aprovechó la última Presidencia española del Consejo de la UE (segundo semestre de 2023) para introducir el tema en cuatro reuniones consecutivas del Consejo de Asuntos Generales (19 de septiembre, 24 de octubre, 15 de noviembre y 12 de diciembre de 2023), en dos de las cuales compareció el propio Albares, algo inusual en este tipo de encuentros. Pese a esa insistencia, las cuatro reuniones concluyeron sin ninguna decisión concreta, salvo el compromiso de la inminente Presidencia belga de “hacer avanzar los trabajos sobre la solicitud de España durante su mandato”. No obstante, la cuestión de los idiomas brilló por su ausencia en la agenda de todos los Consejos de Asuntos Generales del semestre belga y tampoco figuró ni una sola vez durante la posterior Presidencia húngara. El pasado 29 de enero, Albares aseguró que su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, se había comprometido con él a incluir el tema en la agenda de la actual Presidencia polaca para someterlo a la “decisión de todos los Estados miembros de la UE”.
