<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia a causa de los votos en contra del Partido Popular, que ha insistido en la necesidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre este texto antes de cualquier aprobación, y de la abstención de Junts y de Podemos.</strong></h4> El texto ha contado con 163 votos a favor, 171 en contra y once abstenciones. Las abstenciones de Junts y Podemos han sido decisivas, ya que han permitido la victoria conjunta del bloque PP, Vox y UPN. El pasado 6 de mayo, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó el dictamen sobre el Tratado después de que el Partido Popular optara por abstenerse en vez de votar en contra, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre este texto. No obstante, en esta ocasión ha preferido votar en contra. El Tratado solo podrá ser ratificado cuando cuente con el apoyo de las dos Cámaras, pero, pase lo que pase en las Cortes Generales, el futuro de este texto dependerá de lo que decida el Tribunal Constitucional, que ya ha advertido de que cualquier dependerá de su sentencia. El “Tratado de Barcelona”, firmado el 19 de enero de 2023 en la capital catalana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de la XXVII Cumbre Bilateral hispano-francesa, es el primero de estas características entre ambos países y eleva las relaciones bilaterales al máximo nivel posible, equiparable al que ya tiene España con Portugal desde la Cumbre de Trujillo de octubre de 2021. Francia ya ha ratificado el texto, pero España no ha podido dar todavía ese paso, precisamente, por las dudas sobre su constitucionalidad. A finales de enero de este año, el Consejo de Ministros acordó la remisión del texto a las Cortes Generales por vía de urgencia y autorizó la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado tratado. No obstante, solo una semana más tarde, el PP presentó un recurso de constitucionalidad contra el Tratado por considerar que uno de sus artículos, el que dispone que “un miembro del Gobierno de una de las Partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra Parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación”, es incompatible con la Carta Magna. El 12 de febrero, el pleno del Senado aprobó el recurso de inconstitucionalidad contra el Tratado, con los votos favorables del PP (que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta), UPN y Vox y los votos en contra del PSOE y el resto de sus habituales socios parlamentarios. Asimismo, el Tribunal Constitucional aceptó en marzo el requerimiento formulado por la Cámara Baja. El Grupo Socialista ha asegurado, en contra de los argumentos del PP, que la Constitución no prohíbe expresamente la presencia de miembros no pertenecientes al Gobierno en los Consejos de Ministros y recordó que no es infrecuente la presencia de representantes extranjeros en las reuniones gubernamentales de otros países europeos e incluso que el propio Pedro Sánchez ha asistido a reuniones del Gobierno alemán. <h5><strong>El debate</strong></h5> Durante el debate en el Pleno, Pepe Mercadal, del PSOE, afirmó que se trata de “un muy buen acuerdo necesario en el que deberíamos creer todos aquellos que pensamos que los Estados deben trabajar juntos para encontrar soluciones comunes a problemas comunes”. “Los mecanismos de coordinación entre los Gobiernos de España y de Francia que crea este Tratado serán espacios útiles gobierne quien gobierne”, aseguró. “Para España es positivo reforzar la cooperación con Francia: lo es para nuestros propios intereses, por ejemplo, para defender mejor nuestros intereses comunes en el Consejo de la Unión Europea”, añadió. “Por lo tanto, yo no entiendo cómo puede ser que el Partido Popular en el Senado decidiese recurrir este Tratado ante el Tribunal Constitucional”, prosiguió. “Señorías del PP, me parece que se movieron ustedes a golpe de titular, no creo que todo el mundo en el PP esté de acuerdo con esa decisión”, manifestó Mercadal, quien aseguró que, con su postura sobre el Tratado, “la política exterior del PP parece más la política exterior de Vox”. Por su parte, Ricardo Tarno Blanco, del PP, criticó “el empecinamiento del PSOE y del Gobierno” en traer el acuerdo a la Cámara “sin que el Tribunal Constitucional garantice la legalidad de dicho acuerdo”. “Estamos esperando a que se pronuncie el Tribunal Constitucional y no entendemos las prisas, cuando es un acuerdo que se firmó en enero de 2023, hace más de 27 meses”, afirmó. “Dos o tres meses más no hubiese supuesto ningún problema”, advirtió. “Ustedes intentan que las mismas chapuzas que hacen permanentemente en la legislación española también las traslademos a la legislación internacional y a los convenios internacionales”, proclamó Tarno. “No es comprensible, porque, mañana o pasado, el Tribunal Constitucional puede declarar nulo” el acuerdo, insistió. Según el diputado del PP, se trata “un tratado que evidentemente es muy importante porque profundiza en las relaciones entre dos países amigos” y, por tanto, “sería un borrón intolerable que no se pudiera aplicar el tratado por la incompetencia del Gobierno socialista del señor Sánchez y del señor Albares”.
