Albares apoya la transformación de la Comisión contra la Pena de Muerte en una organización internacional “plena”

Albares durante el encuentro. / Foto: @jmalbares.bsky.social

Eduardo González

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, recibió este martes en Madrid a los miembros de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, ante quienes apoyó la transformación de esta entidad, promovida por el Gobierno español en 2010, en una “organización internacional plenamente desarrollada”.

“España valora enormemente el esfuerzo que la Comisión está realizando en la lucha por la abolición de la pena de muerte en todo el mundo”, declaró Albares durante el encuentro, que tuvo lugar en la sede del Ministerio en Marqués de Salamanca.

La pena de muerte, prosiguió, “es una práctica que consideramos, en todas las circunstancias, en todos los casos, cruel, inhumana, degradante e incompatible con el derecho a la vida y a la dignidad humana”. “Lamentablemente, esta lucha que nunca desaparece es más necesaria que nunca”, añadió.

“Deseo agradecerles el arduo trabajo realizado durante el último año con la Comisión”, prosiguió. “Este año, parte de su debate se ha centrado en transformar la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte en una organización internacional plenamente desarrollada”, recordó. “Celebro esta decisión. España apoya esta decisión”, aseguró.

La Comisión, según Albares, “se enfrenta a dificultades debido a su actual estatus legal como asociación sin ánimo de lucro según la legislación española, en particular en lo que respecta a las limitaciones financieras y la dificultad para participar eficazmente en foros multilaterales”, Por ello, “este nuevo estatus abrirá nuevas vías para que su labor sea aún más eficiente”, concluyó.

La Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), creada el 7 de octubre de 2010 en Madrid a iniciativa del Gobierno de España, está formada por 16 comisionados con experiencia en derechos humanos y comprometidos con la abolición global de la pena capital. La Comisión cuenta con el apoyo político y financiero de un grupo diverso de países de todas las regiones del mundo.

Actualmente está presidida por Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2008 a 2014, antigua jueza de la Corte Penal Internacional y expresidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Entre sus comisionados destacan Michelle Bachelet (expresidenta de Chile y antigua Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), Helen Clark (ex primera ministra de Nueva Zelanda) y Gloria Macapagal-Arroyo (expresidenta de Filipinas) y entre sus miembros honorarios figura el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Uno de sus fundadores fue el español, ya fallecido, Federico Mayor Zaragoza.

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