<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó este martes el dictamen sobre el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia después de que el Partido Popular haya optado por abstenerse, en vez de votar en contra, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre este texto.</strong></h4> El dictamen de la Comisión ha salido adelante con un estrecho margen de 18 votos a favor (casi todos del PSOE), tres en contra (Vox) y 16 abstenciones (14 del PP), tras lo cual el Tratado podría votarse en el Pleno del Congreso antes de final de mayo. No obstante, el futuro de este texto dependerá de lo que decida el Tribunal Constitucional, que ya ha advertido de que cualquier posterior decisión del Senado dependerá de su sentencia. El Tratado solo podrá ser ratificado cuando cuente con el apoyo de las dos Cámaras. El “Tratado de Barcelona”, firmado el 19 de enero de 2023 en Barcelona por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de la XXVII Cumbre Bilateral hispano-francesa, es el primero de estas características entre ambos países y eleva las relaciones bilaterales al máximo nivel posible, equiparable al que ya tiene España con Portugal desde la Cumbre de Trujillo de octubre de 2021. Francia ya ha ratificado el texto, pero España no ha podido dar todavía ese paso, precisamente, por las dudas sobre su constitucionalidad. A finales de enero de este año, el Consejo de Ministros acordó la remisión del texto a las Cortes Generales por vía de urgencia y autorizó la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mencionado tratado. No obstante, solo una semana más tarde, el PP presentó un recurso de constitucionalidad contra el Tratado por considerar que uno de sus artículos, el que dispone que “un miembro del Gobierno de una de las Partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra Parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación”, es incompatible con la Carta Magna. El 12 de febrero, el pleno del Senado aprobó el recurso de inconstitucionalidad contra el Tratado, con los votos favorables del PP (que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta), UPN y Vox y los votos en contra del PSOE y el resto de sus habituales socios parlamentarios. Asimismo, el Tribunal Constitucional aceptó en marzo el requerimiento formulado por la Cámara Baja. El Grupo Socialista ha asegurado, en contra de los argumentos del PP, que la Constitución no prohíbe expresamente la presencia de miembros no pertenecientes al Gobierno en los Consejos de Ministros y recordó que no es infrecuente la presencia de representantes extranjeros en las reuniones gubernamentales de otros países europeos e incluso que el propio Pedro Sánchez ha asistido a reuniones del Gobierno alemán. <h5><strong>El debate</strong></h5> Durante el debate de este martes en la Comisión, Pepe Mercadal, del PSOE, recordó que Francia es uno de los “aliados más estrechos” de España, en su doble condición de país fronterizo y miembro de la Unión Europea, y afirmó que el Tratado, que “ha sido bastante mediático porque la derecha así lo ha querido”, es “positivo para España, para la relación de España con nuestro vecino y aliado dentro de la UE y para las regiones que comparten frontera con Francia”. “Se ha hecho muy mediático esto de que venga un ministro de vez en cuando al Consejo de Ministros, pero no se ha hablado tanto de que también irá un ministro nuestro al Consejo de Ministros suyo”, prosiguió. Además, añadió, el texto incluye otros mecanismos, “como cumbres bilaterales anuales, varios grupos de trabajo a nivel ministerial, un Consejo de Defensa donde participarán los ministros de Exteriores y de Defensa de ambos países y, muy importante para aquellas comunidades autónomas españolas de la frontera, un comité de cooperación fronteriza de carácter consultivo”. En su réplica, el portavoz del PP en la Comisión, Carlos Floriano, afirmó que “no tiene nada que ver que tengamos unas relaciones magníficas con nuestro vecino y con un país tan importante como la República Francesa con que las cosas se hagan bien”. Según Floriano, el debate sobre la aprobación del Tratado no es, jurídicamente, “una cuestión pacífica”, y “hasta tal punto no lo es, que el Gobierno tuvo que propiciar una reforma ‘ad hoc’ de la ley de Gobierno de 1997 para que se pueda firmar este tratado”. “No es una cuestión baladí, no es una cuestión que plantee la derecha, porque lo plantee la derecha, la izquierda o el centro, es una cuestión no pacífica jurídicamente que incluso para el Gobierno no lo ha sido” insistió. Según el portavoz del PP, la intervención de la víspera del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ante la misma Comisión fue “tan absolutamente sectaria, tan absolutamente contraria a la verdad y tan absolutamente dirigida contra una posición del Grupo Parlamentario Popular, que nos llevaba a decir que no a este convenio”, pero “nosotros no estamos aquí para venganzas personales ni para enfadarnos, ni para perder los nervios, estamos para buscar lo que nos parece que es mejor para el interés general”. “Y en ese sentido de buscar lo mejor para el interés general, nosotros nos vamos a abstener a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esta cuestión, y nos vamos a abstener por el interés general y muy a pesar de la no pertinente intervención del señor ministro ayer en esta comisión de Asuntos Exteriores”, añadió. Durante su comparecencia del lunes ante la Comisión de Exteriores del Congreso, Albares acusó al PP de estará convirtiéndose en “un partido antifrancés” con su decisión de acudir al Constitucional, “¿Qué les pasa a ustedes con Francia? ¿Por qué boicotean el primer Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia?”, preguntó el ministro. “Mañana (por hoy), señorías del Partido Popular, lo pueden enmendar. Equivocarse es humano. Sean oposición de Estado. Hay momentos para ser España. Mañana es uno de ellos con este tratado”, añadió.
