<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Consulado General de España en La Habana va a incrementar en un 27,2 por ciento su capacidad para atender las solicitudes de nacionalidad derivadas de la Ley de Memoria Democrática. </strong><strong>Se estima que unos 300.000 cubanos han solicitado la nacionalidad española por sus padres o abuelos.</strong></h4> “A partir del 5 de mayo, 336 personas más por semana podrán presentar sus expedientes de Ley de Memoria Democrática, lo que supone un aumento del 27,2%”, informó el pasado 25 de abril el Consulado a través de su cuenta en la red social X, sin aportar más detalles. Este incremento de la capacidad para habilitar hasta 336 citas semanales responde a la fuerte demanda de solicitantes en la isla. No obstante, según recoge el diario digital ‘Directorio Cubano’, muchos solicitantes consideran que la medida llega demasiado tarde y no soluciona los principales problemas del proceso. “Las redes sociales del Consulado y foros de solicitantes recogen cientos de quejas por los retrasos en la tramitación, falta de información clara y, especialmente, la no entrega de los certificados literales una vez completado el expediente”, prosigue el medio. A causa de la demora en la emisión de los certificados de nacimiento necesarios para continuar el proceso de nacionalización en España y de las irregularidades en el orden de atención a los solicitantes, hay personas que “llevan meses esperando ese documento esencial” después de haber sido aprobadas sus solicitudes y muchas temen “quedarse fuera a pesar de haber comenzado el trámite con suficiente antelación”, añade. La Ley de Memoria Democrática establece el 22 de octubre de 2025 como fecha límite para presentar las solicitudes. Más de 500.000 personas han solicitado la nacionalidad española en aplicación de la Ley de Memoria Democrática (popularmente conocida como la “Ley de Nietos”) de octubre de 2022, según informó el pasado mes de enero el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante la inauguración de la IX Conferencia de Embajadores. Según los datos consulares, Cuba, México y Argentina son los tres países en los se han presentado más solicitudes. En julio de 2024, el Consejo de Ministros prorrogó en un tercer año, hasta octubre de 2025, el plazo para optar a la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, después de que el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) advirtiera de que la escasez de personal estaba causando una “saturación” en los “consulados generales que están infradotados para este proceso”. El último informe anual del Defensor del Pueblo, publicado a finales de marzo, advierte de que “la mayor parte de las quejas de la ciudadanía española en el exterior” se centraron en 2024 en “la falta de medios materiales y personales de los servicios consulares” y precisa que “el mayor número de quejas por este asunto procedieron de Cuba y Ecuador”. El informe advierte también de que el funcionamiento de los registros consulares provocó un importante número de quejas no solo por parte de los españoles residentes en sus respectivas demarcaciones sino también por “su impacto en las solicitudes de nacionalidad previstas en la Ley de Memoria Democrática de 2022”. Hace un año, en abril de 2024, el Ministerio de Asuntos Exteriores reconoció, en respuesta a cuatro preguntas por escrito del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que el Consulado General de España en La Habana sólo contaba con 30 personas para atender las 36.117 solicitudes registradas hasta la fecha. <h5><strong>La “Ley de nietos”</strong></h5> La Ley de Memoria Democrática permite el acceso a la nacionalidad española a las personas que no pudieron optar a ella entre 2008 y 2011 al amparo de la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en virtud de la cual se nacionalizaron alrededor de 250.0000 descendientes de exiliados del franquismo, sobre todo en los consulados de Francia, México, Argentina, Venezuela y Cuba. La actual norma, en vigor desde octubre de 2022, concede la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”.
