Eduardo González
El Ministerio de Asuntos Exteriores concederá de nuevo 30.000 euros para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte en el mundo durante el ejercicio 2025. En la actualidad hay un solo ciudadano español en el corredor de la muerte, Ahmed el Saadany Ghaly, condenado en Egipto en 2017 por el asesinato de su cuñado, cuya situación “no ha cambiado” y que sigue “recibiendo asistencia consular”, según informaron fuentes de Exteriores a The Diplomat.
Según la Orden, firmada el pasado 9 de abril por la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, Carolina de Manueles Álvarez, y publicada este jueves por el Boletín Oficial del Estado (BOE), el objeto de las subvenciones es la concesión de ayudas económicas destinadas a coadyuvar a la defensa jurídica de ciudadanos españoles sometidos a juicio en el extranjero por delitos que en el ordenamiento aplicable se puedan castigar con pena de muerte.
También podrán ser utilizadas estas subvenciones en los procesos de revisión o repetición de juicios, de recursos de sentencias condenatorias o de solicitud de indulto o conmutación de pena a favor de aquellos que ya hayan sido condenados a la pena de muerte. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas la propia persona física de nacionalidad española que se enfrente a la pena de muerte y otras personas físicas, españolas o extranjeras, o instituciones con personalidad jurídica privada, domiciliadas en España o en el extranjero.
Las aportaciones del Gobierno en esta materia comenzaron en 2009, cuando, por primera vez en la historia, los Presupuestos Generales del Estado incorporaron una partida presupuestaria (en la sección correspondiente a Exteriores) de nada menos que 500.000 euros “para la asistencia a ciudadanos que afrontan condenas de pena de muerte”.
Aquella primera cantidad, no obstante, sufrió un recorte radical en agosto de 2009 (en plena crisis internacional) por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que la dejó en sólo 60.000 euros. Desde entonces, la evolución ha sido de descenso o, al menos, de estancamiento: 50.000 euros en 2010, 60.000 euros en 2011 y 30.000 euros anuales desde 2012 y hasta la fecha.
Hasta 2017, los fondos destinados a este fin fueron concedidos a la defensa de Pablo Ibar, cuya condena a muerte, dictada en 2000 por un tribunal de Florida, fue anulada en febrero de 2016 por el Tribunal Supremo de ese Estado y conmutada por la cadena perpetua en el segundo juicio, que concluyó en mayo de 2019.
En 2017, la partida fue repartida entre Ibar y Artur Segarra, sentenciado a muerte en Tailandia en abril de ese año por el asesinato premeditado de un empresario también español, David Bernat. En agosto de 2020, el rey de Tailandia conmutó la pena capital a Segarra por la cadena perpetua.
Ahmed el Saadany Ghaly
Por lo tanto, en estos momentos solo se mantiene el caso de Ahmed el Saadany Ghaly, de nacionalidad española (residió casi veinte años en España), que fue encarcelado en Egipto (su país de origen) por el asesinato de su cuñado en diciembre de 2016 y condenado a morir en la horca en 2017. Varias fuentes han asegurado que durante el juicio no contó con la asistencia de un abogado y, según Amnistía Internacional, “fue torturado y amenazado con que su familia sería torturada”.
El Gobierno español ha pedido reiteradamente a las autoridades egipcias que le conmuten la pena capital. Según informaron este jueves fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores a The Diplomat, la situación de Ghaly “no ha cambiado” y el ciudadano hispano-egipcio sigue “recibiendo asistencia consular”.
Aparte de Ibar y Segarra, varios españoles se han librado en los últimos años de la pena de muerte. El caso más mediático y más reciente fue el de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, que ha sido condenado a cadena perpetua (evitando con ello la pena capital) en Tailandia por el asesinato premeditado de un cirujano colombiano.
También se salvaron de la pena de muerte Nabil Manakli, un español de origen sirio condenado por terrorismo en Yemen en 2003 y por quien llegó a interceder el propio Rey Juan Carlos; y Francisco Larrañaga, de padre español y madre filipina, condenado en 2004 por secuestro, violación y asesinato y que salvó la vida gracias a la abolición de la pena de muerte en Filipinas (actualmente está encarcelado en España).
Otro casi muy mediático fue el de Joaquín José Martínez, primer español que salió del corredor de la muerte en Estados Unidos, que fue condenado a la pena capital por doble asesinato y finalmente absuelto en 2001 después de una intensa campaña a su favor en España. Otros españoles que se libraron del corredor de la muerte en Estados Unidos son Richard Anthony Meissner, hijo de estadounidense y de española, condenado a muerte en 1995 por homicidio y finalmente condenado a cadena perpetua; y Julio Mora, un anciano canario condenado a la pena de muerte en 1998 por asesinato y que se libró de la ejecución en 2002 tras la decisión del Tribunal Supremo de Florida de anular el juicio por “irregularidades judiciales y problemas de salud mental”.
