<h6><strong>Eduardo González </strong></h6> <h4><strong>El Gobierno de Gibraltar ha autorizado este lunes la construcción de la segunda fase de Eastside Project, un gran complejo de lujo que conlleva la realización de rellenos en aguas territoriales españolas y al que se han opuesto organizaciones ecologistas, el Gobierno de España e incluso dos ministros gibraltareños.</strong></h4> La Comisión de Desarrollo y Planificación de Gibraltar (DPC), dependiente del Gobierno de Fabián Picardo, ha concedido a la empresa TNG Global Realty el permiso para seguir adelante con Eastside, “un importante proyecto de infraestructura que ofrecerá viviendas asequibles, instalaciones de ocio y espacios verdes, respetando y protegiendo el entorno natural circundante, en consonancia con el compromiso del Gobierno con la biodiversidad y la conservación marina”, según informó este organismo en una nota de prensa. La DPC ha llegado a esta conclusión después de que varios de sus miembros visitaran la ubicación del futuro rompeolas en la playa de Catalan Bay para comprobar su posible impacto medioambiental. Eastside prevé la construcción de un hotel, 2.500 apartamentos, instalaciones comerciales, un puerto deportivo, una estación de suministro de combustible y diversas infraestructuras anexas sobre terreno ganado al mar, además de un rompeolas, revestimientos costeros y obras de dragado en la zona este del Peñón. Tal como recordó el diario local <em>Europa Sur</em>, el proyecto había sido rechazado (o, por lo menos, cuestionado) por vecinos, organizaciones ecologistas e incluso dos miembros del Gobierno de Gibraltar: el ministro de Relaciones Industriales, Contingencias Civiles y Deporte, Leslie Bruzon, y el ministro de Medio Ambiente, John Cortés. Fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores manifestaron el pasado mes de julio a <em>The Diplomat</em> que “España ha venido protestando reiteradamente por las acciones de relleno y modificación de la costa que Gibraltar realiza en aguas territoriales españolas, cada vez que éstas se han producido, y lo seguirá haciendo”. “Estas protestas se han realizado por escrito en numerosas ocasiones. Estas acciones son contrarias al Derecho Internacional, además de implicar una vulneración de las normas españolas y europea de protección del medio ambiente”, añadieron. Por su parte, la organización Verdemar-Ecologistas en Acción ha advertido de que estos rellenos en la cara este del Peñón “ya están modificando la dinámica del litoral en perjuicio de las playas de La Línea de la Concepción y, si siguen con la ampliación, el impacto será irreversible”, según figura en un escrito presentado el pasado mes de diciembre ante la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, recogido por <em>Europa Sur</em>. La propia Verdemar-Ecologistas en Acción acusó el pasado mes de febrero a la Junta de Andalucía de haber autorizado la exportación de piedras extraídas de la cantera La Utrera, en Casares (Málaga), “para los rellenos en la Zona de Especial Conservación del Estrecho Oriental” de Gibraltar. Asimismo, los ecologistas han acusado a los Ministerios españoles de Asuntos Exteriores e Interior de mostrarse “absolutamente pasivos” ante unos rellenos que invaden aguas españolas y ponen en riesgo un espacio protegido.
