Eduardo González
El Consejo de Ministros tomó razón, este pasado martes, de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios de retirada de amianto en el actual Centro Cultural de la Embajada de España en Washington (Estados Unidos) por un importe máximo de 155.646,75 dólares estadounidenses (más de 144.300 euros), exento de IVA.
En 2024, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, ante el avanzado estado de deterioro que presentaban determinadas partes del inmueble que alberga este centro cultural, se solicitó un informe para evaluar la presencia de amianto en el aire y en los materiales de construcción.
Los resultados mostraron existencia de amianto en cantidades considerablemente elevadas según los estándares norteamericanos, que obligan a realizar las intervenciones de retirada de amianto en el Centro Cultural, con carácter inaplazable, para evitar el continuo deterioro de las zonas y que produzcan un aumento de la suspensión en el aire de las partículas de amianto, lo cual afectaría “seriamente a la salud de los empleados públicos y al público en general que lo visitan”.
Estos resultados, por tanto, justifican la aplicación del procedimiento de emergencia del artículo 120 de la Ley de Contratos.
Esta no es la primera vez que el erario público se ve obligado a destinar una suma importante de dinero en la Embajada de España en Estados Unidos tras una declaración de emergencia. En abril de 2021, hubo que gastar hasta 188.000 dólares (casi 154.400 euros, al cambio de entonces) para reparar los graves desperfectos causados por una inundación tras la rotura de la tubería de suministro de agua principal.
Hasta entonces, los mayores problemas de la legación española en Washington se habían registrado en la Residencia del Embajador, diseñada por el arquitecto Rafael Moneo e inaugurado en 2004 por el expresidente José María Aznar.
El edificio, que costó 8,7 millones de euros al erario público, registró tal cantidad de deficiencias que el Ministerio de Asuntos Exteriores dictó una resolución en 2013 que obligaba a Moneo a pagar una indemnización de dos millones de euros por los daños derivados de las obras de remodelación en la residencia. Finalmente, la Audiencia Nacional anuló esta resolución en 2016 porque se había excedido, “con creces”, el plazo de cinco años que tenía Exteriores para reclamarle algo al arquitecto. El propio Moneo había reconocido que el edificio tenía “problemas” de construcción.
El pasado 21 de marzo, la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) denunció “el mal estado de muchos de los edificios que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene en el extranjero”, concretamente de las Embajadas y los Consulados, cuyo “deterioro” entraña “un serio riesgo tanto para las personas que trabajan en ellos como para el público que los visita” y genera un “daño reputacional para la imagen de nuestro país”.
