<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles una moción del Grupo Parlamentario Popular en la que se insta al Gobierno a garantizar la “despolitización” de los nombramientos de los miembros de la Carrera Diplomática y a primar “el mérito y la experiencia como principios fundamentales en la representación de España en el exterior”, tras la polémica generada recientemente por el cese de tres embajadores a manos del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.</strong></h4> El texto, cuya aprobación estaba asegurada de antemano por la mayoría absoluta con que cuenta el Grupo Popular en la Cámara Alta, ha salido adelante en sus términos con 145 votos en favor (en su inmensa mayoría del PP, además de Vox y UPN), 99 en contra (86 del PSOE y el resto de Izquierda Confederal, PNV y BNG) y diez abstenciones. La moción asegura que “la política exterior de España ha experimentado un grave deterioro en los últimos años debido a la ausencia de una estrategia clara y definida por parte del Gobierno” y a “las decisiones erráticas, la falta de consenso interno y la continua improvisación”, que “han debilitado la posición internacional de nuestro país, afectando su credibilidad y capacidad de influencia en los foros multilaterales”. El texto denuncia la “preocupante” falta de liderazgo preocupante por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y la “falta de una política exterior coherente”, que “ha generado incertidumbre en nuestras relaciones con la Unión Europea, Estados Unidos y los países iberoamericanos”. Ejemplos de ello, prosigue, es “la gestión de crisis diplomáticas con vecinos clave, como Marruecos y Argelia”, que “ha sido deficiente, poniendo en riesgo la seguridad energética y territorial de España”. “Decisiones unilaterales, como el giro inesperado sobre el Sáhara Occidental sin una estrategia clara, han provocado conflictos innecesarios que afectan directamente los intereses nacionales”, añade. La moción denuncia también “una alarmante falta de previsión y compromiso” en el ámbito de la seguridad y la defensa y la inexistencia de “una hoja de ruta clara” o de “medidas concretas” para garantizar la financiación del compromiso de destinar el dos por ciento del PIB a gasto en defensa. “La política exterior no puede ser una herramienta de gestión interna del Gobierno ni un instrumento de intereses partidistas” y, por ese motivo, “España necesita recuperar una diplomacia basada en el consenso, la previsibilidad y la defensa de sus intereses nacionales”, prosigue el texto. Por ello, la moción muestra “su rechazo a la política exterior del Gobierno de España por carecer de cohesión interna y consensos básicos, lo que debilita su credibilidad internacional y proyecta una imagen de inconsistencia y falta de fiabilidad en la escena global” e insta al Gobierno de España a “promover el diálogo, los acuerdos y el debate entre los distintos grupos políticos para alcanzar una posición común en los asuntos de Estado que afectan a la política exterior” (este punto quedaba totalmente eliminado en la enmienda presentada por Vox, sin explicar por qué). Asimismo, el texto insta al Gobierno a “garantizar el respeto a la independencia y profesionalidad de los miembros de la Carrera Diplomática, asegurando la despolitización de los nombramientos y primando el mérito y la experiencia como principios fundamentales en la representación de España en el exterior”, y a “reforzar y modernizar la red consular, dotándola de los recursos necesarios para mejorar su eficiencia y capacidad de servicio a los ciudadanos y a los intereses estratégicos del país”. El pasado. 25 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acusó al Partido Popular de “politizar la carrera diplomática” en respuesta a una pregunta en el Senado sobre la “destitución de los embajadores en Croacia, Bélgica y Corea del Sur en menos de tres semanas”, en referencia, respectivamente, a Juan González-Barba, quien, según el PP, fue cesado “inmediatamente después de publicar en la prensa un artículo de opinión elogiando la figura del Rey Felipe VI; a Alberto Antón, destituido “después de dormirse en un discurso del ministro; y a Guillermo Kirkpatrick de la Vega, cesado “por reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid”, Isabel Díaz Ayuso. Aquel debate se produjo después de que el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Alberto Virella, denunciase la “indefensión, arbitrariedad y temor a represalias” a que se enfrentan los que muestran “algún tipo de comentario o actitud crítica” contra el ministro.
