<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha denunciado “el mal estado de muchos de los edificios que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene en el extranjero”, concretamente de las Embajadas y los Consulados, cuyo “deterioro” entraña “un serio riesgo tanto para las personas que trabajan en ellos como para el público que los visita” y genera un “daño reputacional para la imagen de nuestro país”.</strong></h4> En un comunicado publicado el pasado viernes a raíz de una información reciente del diario digital ‘The Objective’ sobre las “patologías significativas existentes en varios muros del edificio” del Consulado General de España en Mendoza (Argentina), la ADE asegura que, “lamentablemente, el mal estado de muchos de los edificios que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene en el extranjero no es algo nuevo, ni el del Consulado General en Mendoza es un caso aislado”. Al respecto, el comunicado recuerda el ‘Informe sobre la situación de la red consular’, publicado por la ADE en enero de 2024, según el cual “un estudio realizado por el propio Ministerio de Asuntos Exteriores en 2019 puso de manifiesto los graves problemas de infraestructura existentes, ya en aquel momento, en la red consular”. De acuerdo con ese informe, 28 oficinas consulares se encontraban al límite de su capacidad física y no podían incorporar refuerzos por falta de espacio para acoger personal adicional; 68 oficinas presentaban problemas de accesibilidad en la entrada del edificio, 53 en el área de atención al público y 76 en el resto de instalaciones; diez oficinas carecían de sistemas de detección de incendios y 14 de sistemas de protección contra incendios; y al menos 17 edificios no presentaban un buen estado de conservación. “Muchas oficinas consulares y embajadas incumplen la normativa española de seguridad e higiene en el trabajo, carecen de la protección necesaria en países muy inseguros y no están preparadas para contingencias como los terremotos en países de alto riesgo sísmico”, asegura la ADE. “La situación, lejos de mejorar, no ha cesado de empeorar desde 2019”, prosigue. “De hecho, la Inspección General de Servicios del Ministerio ha recomendado en los últimos años el traslado de sede en varios casos, sin que estos cambios se hayan producido hasta la fecha”, añade. Según la ADE, “este lamentable estado de cosas no sorprende si se considera que el Ministerio de Asuntos Exteriores disponía entonces de unos 13 millones y medio de euros anuales para mantener más de quinientos edificios en todo el mundo, muchos de ellos de carácter histórico”. En razón de las malas condiciones de trabajo y de los bajos salarios, la unidad responsable del patrimonio inmobiliario del Ministerio (la Subdirección General de Asuntos Patrimoniales) contaba a inicios de 2024 con apenas 19 puestos cubiertos de sus 47 plazas, asegura la Asociación. “El deterioro de los edificios de Exteriores continúa agravándose y entraña un serio riesgo tanto para las personas que trabajan en ellos (a menudo en condiciones de hacinamiento) como para el público que los visita, además del daño reputacional para la imagen de nuestro país”, advierte la ADE. Por todo ello, la Asociación reclama que, en cumplimiento de la Ley de la Acción y del Servicio Exterior de Estado de 2014, “el Consejo Ejecutivo de Política Exterior elabore urgentemente un informe sobre la adecuación del despliegue y estructura de las misiones diplomáticas, representaciones permanentes y oficinas consulares, que, tal como dispone la Disposición adicional tercera de la citada Ley, debe reflejar la situación de los inmuebles y de los medios materiales y personales”. A partir de este informe, prosigue, “debe establecerse un plan de acción -con la necesaria dotación presupuestaria y de personal- que asegure que todos los edificios de la Administración General del Estado en el exterior están adecuadamente conservados y cumplen con la normativa laboral, de prevención de riesgos y de atención al público”. Al margen de lo anterior, “es urgente la adopción de medidas inmediatas para los casos más graves y perentorios”, añade la ADE, que “exige transparencia y máxima urgencia en la identificación de dichos casos, con objeto de evitar nuevas situaciones de riesgo para los trabajadores y los ciudadanos”.
