<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, a rechazar la legitimidad de las recientes elecciones presidenciales en Bielorrusia, a apoyar a “la oposición y la sociedad civil bielorrusa en su causa a favor de una transición democrática en el país” y a exigir la retirada del armamento nuclear ruso desplegado en el país.</strong></h4> La Proposición no de Ley, presentada el pasado 7 de febrero, aprobada el 24 del mismo mes por la Comisión de Asuntos Exteriores y publicada esta semana por el Boletín Oficial del Congreso, recuerda que la candidatura del presidente Aleksandr Lukashenko obtuvo el 86 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales del pasado 26 de enero, que fueron “criticadas por la comunidad internacional” y calificadas de “farsa” por la Unión Europea. Lukashenko, que lleva desde 1994 en el poder, se asegura de esta manera su séptimo mandato. La moción recuerda que el gobierno del presidente Lukashenko “es reconocido como uno de los más represivos del mundo”. Actualmente, prosigue, se contabilizan más de 1.250 presos políticos en el país, muchos de ellos en condiciones inaceptables, y el Informe sobre el Comité contra la Tortura adoptado en la 79 sesión de la Asamblea General de la ONU concluyó que “las autoridades bielorrusas practican la tortura de forma sistemática y con impunidad en su territorio”. Además, prosigue la moción, el régimen de Lukashenko ha apoyado y participado en la invasión rusa de Ucrania. “A cambio de financiación, Bielorrusia se ha convertido en un instrumento más en la política exterior del régimen de Vladimir Putin”, denuncia. “Es desde territorio bielorruso desde donde el ejército ruso lanzó el intento de invasión de Kiev en febrero de 2022 y, desde entonces, Rusia ha utilizado el país como base de apoyo para su guerra de agresión tal y como ha venido denunciando el Gobierno de Ucrania y la Unión Europea, entre otros”, añade. En marzo de 2023, según la Proposición no de Ley, Rusia instaló armas nucleares tácticas en territorio bielorruso incluyendo, según la organización Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), ojivas nucleares para misiles Iskander-M, que pueden alcanzar objetivos a 500 kilómetros de distancia. Por todo ello, la Proposición no de Ley aprobada por el Congreso insta al Gobierno a “rechazar la legitimidad de las elecciones presidenciales de Bielorrusia de 2025 por no cumplir con los estándares internacionales mínimos de un proceso democrático”, a apoyar a “la oposición y la sociedad civil bielorrusa en su causa a favor de una transición democrática en el país” y a respaldar “las decisiones del Consejo Europeo de sancionar a los individuos responsables de la perpetuación de la autocracia en Bielorrusia y de la represión a la oposición, a la sociedad civil y a medios de comunicación”. Asimismo, pide que se exija al Gobierno de Bielorrusia “el fin de las prácticas de tortura” y de “la impunidad con la que se llevan a cabo”, la liberación de “todos los presos y presas políticas” y el inicio de “una transición democrática que culmine con la organización de unas elecciones justas, libres y transparentes”. Por último, insta al Gobierno español a “denunciar el apoyo del Gobierno de Bielorrusia a la guerra de agresión rusa contra Ucrania y exigir la retirada del armamento nuclear del país”. El texto fue aprobado en sus términos. Solo hubo una enmienda, la del grupo ultraderechista Vox, que intentó convertir esta denuncia al régimen de Bielorrusia en una denuncia, también, a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua (sin otra justificación que la consabida “mejora técnica”) y retirar la expresión “y presas políticas”.
