<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha instado al Gobierno a mantener “su total apoyo” al Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia, a promover el respeto de los derechos humanos en el país frente a los grupos armados irregulares y a solicitar a la Unión Europea y demás organismos internacionales “un compromiso más activo” en favor del proceso de paz.</strong></h4> En una Proposición no de Ley presentada el pasado 6 de marzo para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, Sumar (socio minoritario del Gobierno y liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz) recuerda que Colombia sufrió un conflicto armado interno durante más de seis décadas que generó “más de nueve millones de víctimas entre desplazados forzados, asesinados, desaparecidos y afectados por el conflicto”. “En 2016, el gobierno colombiano firmó un histórico Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC-EP, con el objetivo de poner fin al conflicto armado y abrir camino hacia la reconciliación y la justicia social”, prosigue. “Sin embargo, a pesar de los avances iniciales, la implementación del Acuerdo ha sido complejo debido a la falta de voluntad política, la oposición de sectores reaccionarios y el resurgimiento de grupos armados ilegales", añade. El incumplimiento del Acuerdo de Paz, según la moción, ha permitido la reconfiguración de la violencia, con la expansión de disidencias de las FARC, el fortalecimiento del ELN y la consolidación de estructuras paramilitares, como el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales. “Estos grupos han asumido el control de vastos territorios, ejerciendo violencia contra comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes”, denuncia Sumar. Sumar recuerda también que el Acuerdo de Paz estableció la necesidad de una reforma rural integral, la implementación de políticas de seguridad para la protección de excombatientes y la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repeticion (SVJRNR). “Sin embargo, la falta de implementación efectiva ha generado incertidumbre y desconfianza entre las comunidades y excombatientes”, lamenta. Según la ONU, más de 400 firmantes del Acuerdo han sido asesinados desde 2016, “lo que evidencia el incumplimiento de las garantías de seguridad”, denuncia. “Aunque el gobierno actual mantenga una voluntad política clara para este Acuerdo de Paz, su capacidad de poder es limitada para conseguirlo plenamente”, añade. Entretanto, el contexto político en Colombia sigue polarizado, con sectores que buscan desmontar el Acuerdo de Paz y otros que intentan su implementación efectiva, mientras que las comunidades rurales siguen sufriendo la ausencia del Estado, lo que facilita el crecimiento de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. “Según la ONU, más de 200 líderes sociales fueron asesinados en 2024, consolidando a Colombia como uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos”, asegura Sumar. “El Gobierno español ha desempeñado un papel clave en el apoyo al proceso de paz colombiano, participando en instancias internacionales de verificación y cooperación”, recuerda la formación liderada por Díaz. Por ello, la moción insta al Ejecutivo a “continuar manifestando su total apoyo a la implementación integral del Acuerdo de Paz”, a “promover y respaldar medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz”, a “colaborar y apoyar al Gobierno colombiano a acelerar las investigaciones para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y excombatientes” y a “solicitar y respaldar la aplicación integral de las medidas contempladas en el Acuerdo de Paz para el desmantelamiento de grupos paramilitares a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad”. Asimismo, insta al Gobierno a “solicitar a las instituciones de la Unión Europea y organismos internacionales un compromiso más activo en el monitoreo y seguimiento de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia”, a impulsar “mecanismos de cooperación económica entre España y Colombia para programas de desarrollo rural, inclusión social y protección de víctimas del conflicto armado” y a “apoyar presupuestariamente a nivel estatal y autonómico a todas aquellas delegaciones y programas de acogida a las víctimas de violencia en nuestro país”.
