<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han anunciado su intención de recurrir el Real Decreto-ley aprobado esta semana por el Consejo de Ministros para introducir un sistema obligatorio de reparto de los menores migrantes no acompañados.</strong></h4> El pasado martes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirmó que el Real Decreto responde a una demanda histórica de los territorios fronterizos a los que llegan menores en pateras y cayucos. Según Torres, el texto establece una serie de criterios para la distribución de los menores, como la población, la renta per cápita, la tasa de paro, el esfuerzo realizado anteriormente, el dimensionamiento estructural del sistema de plazas o la condición de ciudad fronteriza o de insularidad de cada territorio, y establece un fondo de 100 millones de euros para financiar los traslados. El ministro precisó también que las comunidades autónomas tienen hasta el 31 de marzo para informar al Gobierno sobre su sistema de acogida y de cuántos menores están atendiendo en la actualidad. El objetivo de esta norma es reubicar a 4.000 menores desde Canarias y a otros 500 desde Ceuta y Melilla. En declaraciones a Antena 3, el ministro indicó que el reparto comenzará “en la primera quincena de abril”. La aprobación del Real Decreto se ha producido tras el acuerdo entre el Gobierno y los independentistas catalanes Junts, que la otorgará los apoyos necesarios para sacarlo adelante en el Congreso. El pasado mes de julio, los votos de PP y el propio Junts tumbaron en el Congreso una reforma de la Ley de Extranjería para establecer un reparto vinculante de los menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades. <h5><strong>Reacción del PP</strong></h5> Tras la aprobación de la norma, el PP advirtió de que se opondrá a acoger a nuevos menores migrantes no acompañados en las Comunidades Autónomas en que gobierna si el Gobierno central no les aporta más medios y más financiación. Asimismo, el portavoz del partido en el Congreso, Miguel Tellado, acusó al Gobierno de “cambiar unilateralmente” la Ley de Extranjería para “obligar a las Comunidades Autónomas a gestionar el resultado de su mala gestión” y anunció que, aunque los Gobiernos autonómicos en manos de su partido recurrirán ante la Justicia, “no encontrarán ninguna comunidad autónoma del PP que incumpla la ley”. De momento, ya han anunciado su intención de recurrir el Real Decreto todas las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP: el Gobierno de Aragón interpondrá un recurso de inconstitucionalidad, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha advertido de que el acuerdo entre el Gobierno y Junts pone en peligro el sistema de protección de la comunidad; el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, ha anunciado que podría acudir a los tribunales contra una norma que, según sus estimaciones, le obligará a acoger a cerca de 300 menores migrantes; el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado instrucciones a los servicios jurídicos del Gobierno autonómico para recurrir el Real Decreto Ley, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya anticipó que llevará el acuerdo a los tribunales y lo denunciará ante la Unión Europea; y la presidenta de Baleares, Marga Prohens, también adelantó que no aceptará más menores si no hay “criterios justos y equilibrados y más financiación”. Los Gobiernos de la Región de Murcia y de Extremadura también se van a sumar al recurso de las comunidades del Partido Popular, al igual que Andalucía, cuyo presidente, Juanma Moreno (que se ha librado de la dependencia de Vox para gobernar), ha calificado el Real Decreto de “atropello” impuesto “por el señor Puigdemont desde Bruselas al Gobierno de España” y por el Gobierno de España a Andalucía, pero aseguró que va a cumplir la ley por “sentido común y razones de humanidad”. Hace ocho meses, la formación ultraderechista Vox rompió los acuerdos de coalición que tenía con el PP en Valencia, Murcia, Aragón y Extremadura a causa, precisamente, de la acogida de menores no acompañados. En estas circunstancias, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, acaba de firmar un acuerdo con Vox para sacar adelante los presupuestos de la comunidad a cambio, precisamente, de rechazar la entrada de menores no acompañados. Al margen del PP y en las filas del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado duramente este Real Decreto y ha asegurado que, aunque su Gobierno será solidario con la acogida de los menores migrantes no acompañados, no aceptará “lecciones de solidaridad” de quienes pactan con un “supremacista identitario” como Carles Puigdemont. Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado la convocatoria de una conferencia con ONG nacionales para analizar la situación en el resto de las comunidades autónoma de cara al cumplimiento del Real Decreto ley de menores migrantes. Según informó el Gobierno canario en una nota de prensa, este foro se celebrará en fechas próximas al plazo que el Estado ha dado a las comunidades autónomas para informar sobre su sistema de acogida: el 31 de marzo.
