Sumar pide el rechazo de España a las extracciones petroleras israelíes en aguas saharauis

Eduardo González El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha pedido al Gobierno que se pronuncie sobre un acuerdo entre Marruecos y una empresa israelí para extraer recursos petrolíferos en aguas pertenecientes al Sáhara Occidental y próximas a Canarias. En una pregunta parlamentaria registrada el pasado 6 de marzo y publicada esta semana en el Boletín Oficial del Congreso, Sumar (socio minoritario en el Gobierno de Pedro Sánchez) recuerda que, el pasado mes de febrero, Marruecos y la empresa petrolera israelí NewMed firmaron un acuerdo para la exploración y explotación de las reservas de gas frente a las costas de Sáhara Occidental, en “aguas muy cercanas a Canarias”. El acuerdo implica la adjudicación de 17 permisos de alta mar durante ocho años, desde el sur de cabo de Bojador hasta Dajla, en territorio saharaui. Bojador, recuerda Sumar, se encuentra “a 213 kilómetros de las dunas de Maspalomas y a 215 de Fuerteventura”. “La zona de extracción y expolio de estos recursos naturales por parte de NewMed”, prosigue la formación liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, “forma parte del territorio que Marruecos se apropió unilateralmente en 2020, una “usurpación que no tiene ninguna validez legal porque por no está reconocida por la ONU ni por ningún otro organismo internacional”. Concretamente, Sumar se refiere a una Zona Económica Exclusiva (ZEE) que fue ocupada por Marruecos sin notificarlo a Naciones Unidas. Esta ZEE, según Coalición Canaria, pertenece al territorio saharaui y su delimitación entra en conflicto con la ZEE que reivindica Canarias. Asimismo, prosigue Sumar, el acuerdo entre Rabat y NewMed contradice una resolución del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) del 4 de octubre de 2024 que establece que “toda actividad de cualquier Estado, organismo internacional o empresa en aguas saharauis debe tener el consentimiento del pueblo de Sáhara Occidental”. La formación de Yolanda Díaz recuerda también que, el 29 de enero de 2002, el subsecretario general de Asuntos Jurídicos de la ONU advirtió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de que los contratos para la explotación de petróleo en el Sáhara Occidental “violaban los principios del Derecho Internacional aplicables a las actividades de recursos minerales en los territorios no autónomos”. “Este es solo un ejemplo del comportamiento colonial que emplea el Estado marroquí ante el Sáhara ocupado, ocupando y explotando el territorio del pueblo saharaui”, denuncia Sumar. “Estas actitudes expansionistas responden a un nuevo orden geopolítico con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y sus planes de expolio de recursos naturales en Ucrania a cambio de la paz y con la limpieza étnica que quiere llevar a cabo en Gaza”, añade. “Marruecos busca el reconocimiento del Sáhara Occidental como parte de su territorio con acciones como éstas, arrebatando recursos naturales y apropiándose de un territorio pendiente de descolonización”, prosigue Sumar, que recuerda también que “el Estado español sigue siendo la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental hasta que finalice el periodo de descolonización”. Por todo ello, Sumar pregunta al Gobierno “qué opinión le merece” este “acuerdo ilegal” para “extraer ilegalmente recursos naturales que pertenecen al pueblo saharaui” y qué medidas piensa tomar para “evitar este expolio ilegal en las aguas del Sáhara Occidental”. También pregunta “qué opinión tiene el Gobierno sobre la cercanía a las aguas canarias de la explotación petrolífera que va a llevar a cabo una empresa israelí”, qué piensa hacer al respecto y qué medidas va a tomar para “garantizar que en esas prospecciones petrolíferas no van a producirse incidentes que provoquen daños al ecosistema marítimo cercano a Canarias”.

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