Se cumplen cinco años de la pandemia que obligó a activar la diplomacia española y a replantear la UE

Eduardo González El 14 de marzo de 2020, hace justamente cinco años, el Gobierno declaró el estado de alarma por la pandemia del COVID-19. Fue el comienzo de una pesadilla que castigó especialmente a España, que obligó a la Unión Europea a replantearse su propio funcionamiento y a afrontar la recuperación y que condujo al cierre de las fronteras y a la repatriación inmediata de más de 8.500 españoles a través de la red de Embajadas y Consulados. El 31 de enero se detectó el primer caso en España, el de un alemán que se encontraba en La Gomera. Solo dos semanas más tarde, las autoridades se vieron obligadas a cancelar el Mobile World Congress de Barcelona. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el estado de pandemia por el COVID-19. Para entonces, España ya se había convertido en uno de los países más castigados del mundo por la enfermedad, tanto en número de contagios como de muertes. El 13 de marzo, Javier Solana, antiguo secretario general de la OTAN, antiguo Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad de la UE y ex ministro de Asuntos Exteriores, fue ingresado por coronavirus. El 14 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró el estado de alarma y el inicio de una cuarentena (confinamiento de la población y prohibición de salir a la calle) que habría de durar hasta el mes de junio. Ese mismo día, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció el cierre de las fronteras españolas a partir el 16 de marzo, permitiendo únicamente la entrada de ciudadanos españoles o de otras personas por causa de fuerza mayor. Las restricciones no afectarían al transporte de mercancías ni al personal diplomático. El 17 de marzo entraron en vigor los controles fronterizos dentro del espacio Schengen y el cierre de las fronteras exteriores de la UE. Repatriaciones En estas circunstancias, el Ministerio de Asuntos Exteriores se vio obligado a asistir a más de 26.000 españoles que se encontraban en el extranjero en el momento en que se declaró el estado de alarma, así como a fletar medio centenar de vuelos para repatriar directamente a más de 8.500 españoles, en colaboración con la red de Embajadas y Consulados. En el periodo en el que se aplicaron las restricciones derivadas del COVID-19, Iberoamérica figuraba entre las regiones del mundo en las que había más españoles en el momento de estallar la crisis y, por tanto, fue la región a la que el Ministerio dedicó el mayor despliegue de vuelos repatriación: un total de 32. En total, el Ministerio de Asuntos Exteriores contrató servicios de transporte aéreo por importe de 3,3 millones de euros para repatriar los españoles sorprendidos por el cierre de las fronteras. Problemas con Turquía e Israel La lucha contra la pandemia también afectó al ámbito de las relaciones diplomáticas bilaterales. El 4 de abril, las autoridades turcas requisaron en su país cientos de respiradores para enfermos de coronavirus que habían sido comprados directamente en China por varias comunidades autónomas españolas, según confirmó la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Tras las gestiones diplomáticas del Gobierno, las autoridades turcas entendieron finalmente que España necesitaba más esos respiradores que Turquía, no sin que la Embajada de este país en Madrid se defendiese de las acusaciones de “confiscación”. A mediados del mismo mes, Israel retuvo también una treintena de respiradores destinados a España, lo que obligó a González Laya a exigir a su homólogo israelí el desbloqueo de este material con el argumento de que había sido adquirido antes de que Israel prohibiera la exportación de material crítico para los casos graves de COVID-19. Desescalada y apertura de fronteras El 28 de abril, Pedro Sánchez presentó el plan de “desescalada” del confinamiento en cuatro fases y, el 21 de junio, el Gobierno decretó el fin del estado de alarma, después de 98 días. En esos momentos, en España ya habían fallecido más de 28.000 personas. El 5 de junio, Pedro Sánchez pidió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que la Unión Europea fijase una serie de criterios comunes para el levantamiento de las restricciones en las fronteras. Finalmente, hubo que esperar hasta julio para empezar a poner fin a las restricciones temporales en los viajes no imprescindibles desde países de la zona Schengen y la Unión Europea, incluidas las fronteras interiores con Portugal. Como consecuencia del COVID-19 se produjo un desplome en el número de visitantes extranjeros a nuestro país. Desde el 21 de junio, Exteriores empezó a autorizar la entrada a ciudadanos británicos y de países de la Unión Europea sin necesidad de cuarentena. Pese a estos intentos desesperados por salvar la temporada turística, los datos del verano registraron una caída del 75% con respecto al pasado año. Una vez transcurrido el verano, los Gobiernos alemán y británico levantaron en octubre las restricciones de viaje a las islas Canarias a causa de la baja incidencia de infecciones por coronavirus. En septiembre, el Rey Felipe VI intervino, por vía telemática, en la Reunión de Alto Nivel para conmemorar el 75 aniversario de las Naciones Unidas, en el marco de una Asamblea General de la ONU especialmente marcada tanto por la efeméride como por el impacto mundial de la pandemia del COVID-19. La diplomacia de las vacunas Desde finales de 2020, la UE empezó a autorizar las primeras vacunas contra el COVID-19 y, el 27 de diciembre, comenzó la primera campaña de vacunación en España y en la Unión Europea. Tres días antes se habían acumulado en España 1.854.951 positivos y 49.824 muertes desde el inicio de la pandemia. Por esas mismas fechas, la UE estructuró un programa común para la distribución entre los Estados miembros de las vacunas procedentes de las adquisiciones anticipadas europeas, que se repartirían en función de la población de cada país. Con ese criterio, España recibiría el diez por ciento del total de los 800 millones de unidades de inmunización estimadas, lo que equivaldría a 140 millones de dosis para vacunar a 80 millones de personas. En esas circunstancias, el Gobierno español puso en marcha la llamada “diplomacia sanitaria o de las vacunas”, con el objetivo de hacer llegar millones de vacunas contra el COVID-19 a los países menos desarrollados a partir de las cantidades sobrantes que recibiera España a través de la UE. La recuperación y la movilidad: España y la UE Tras la paulatina aprobación y aplicación de las vacunas, los principales debates europeos giraron en torno a la recuperación económica y a la restauración de la movilidad, dos asuntos en los que España jugó un papel destacado. En torno a la recuperación se generó un fuerte debate en el seno de la UE entre los países del sur de Europa, especialmente España e Italia (los más afectados por la primera oleada de la pandemia), que reclamaban la emisión de deuda conjunta a nivel comunitario y que el fondo de recuperación incluyera tanto transferencias no reembolsables como préstamos, y los llamados “países frugales” (claramente liderados por Países Bajos), opuestos a la deuda conjunta y más partidarios de los préstamos en detrimento de las transferencias. Finalmente, el Consejo Europeo aprobó en julio de 2020 el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) -refrendado por el Parlamento Europeo en febrero de 2021-, dotado con 672.500 millones de euros en subvenciones y préstamos para frenar los efectos de la pandemia y que constituía el pilar más importante del paquete de estímulo Next Generation EU. La aprobación del MRR representó un paso fundamental para las expectativas económicas del Gobierno de Pedro Sánchez tras la crisis del COVID-19, ya que tanto el Plan de Recuperación del Ejecutivo como los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dependían de los 71.604 millones de euros que le correspondían a España mediante transferencias de Next Generation EU. En junio de 2021, la Comisión Europea aprobó el Plan de Recuperación del Gobierno español y, en noviembre, España se convirtió en el primer país de la UE en solicitar a Bruselas el primer pago del Fondo de Recuperación. En lo que respecta a la movilidad, el Gobierno de Sánchez mostró desde el primer momento su apoyo a la propuesta de Grecia para la creación de un certificado europeo de vacunación, que, aseguró, estaba “muy alineada” con la estrategia de movilidad internacional presentada a mediados de diciembre de 2020 por Sánchez ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En marzo, la Comisión propuso la creación de un certificado digital verde que permitiera acreditar que una persona había sido vacunada contra la COVID-19, que se había recuperado del virus o que se había realizado una prueba con resultado negativo. El Gobierno español mostró de inmediato su “firme apoyo” al certificado digital verde, una iniciativa que respaldaron abiertamente los países del sur de Europa más dependientes del turismo, como España, Italia, Malta, Chipre o Portugal, pero no fue vista con buenos ojos por países como Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Finalmente, los Estados miembros de la UE pactaron en abril las especificaciones técnicas del certificado, que entró en vigor el 1 de julio tras su aprobación en el Parlamento Europeo. Aparte, los representantes permanentes de los 27 Estados miembros de la UE aprobaron en mayo una propuesta de la Comisión Europea para reabrir las fronteras exteriores de la Unión a los viajeros de terceros países que se hubieran inmunizado contra el COVID-19 con las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) o por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Gracias a las campañas de vacunación, que permitieron la eliminación de casi todas las restricciones y reabrir las fronteras en la mayoría de los países, el COVID-19 dejó de protagonizar en 2022 la política española e internacional. La pandemia todavía seguía dando sus coletazos a través de su última variante, ómicron, menos agresiva pero más contagiosa, pero los primeros análisis de esta nueva variante confirmaron que las vacunas estaban marcando la diferencia. No obstante, la tragedia del COVID-19 fue sustituida casi inmediatamente por otra tragedia: la invasión rusa de Ucrania, que modificó bruscamente todas las grandes prioridades internacionales. A partir de entonces, la misma unidad europea que había ayudado a combatir la pandemia debió activarse para imponer sanciones a Rusia, brindar ayuda militar y financiera a Ucrania, acoger a cientos de miles de refugiados, reconfigurar el marco energético de la UE y, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el consiguiente cambio de rumbo de Estados Unidos, reforzar la defensa y la seguridad del conjunto de la UE y de cada uno de los Estados.

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