<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, recibió este jueves en Madrid al vicepresidente de la Corte Penal Internacional (CPI), Rosario Salvatore Aitala, a quien reiteró el “firme apoyo” de España al tribunal tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer sanciones contra esta institución en represalia por las órdenes de detención emitidas contra varios altos cargos israelíes.</strong></h4> Durante el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio en Marqués de Salamanca (Madrid), Albares destacó el “papel fundamental” de la CPI en la lucha contra la impunidad y en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y advirtió de que el tribunal “es más necesario que nunca” ante la escalada de conflictos en todas las regiones y el aumento sin precedentes de víctimas civiles. El ministro reafirmó el compromiso de España con la rendición de cuentas en todas las situaciones y con la reparación de todas las víctimas, “ya sea en Ucrania, Palestina, Sudán o en cualquier otro lugar donde se cometan atrocidades a gran escala”. Asimismo, Albares lamentó cualquier intento de minar su independencia, integridad e imparcialidad de la CPI y reiteró al vicepresidente el compromiso de España para garantizar la continuidad de las actividades de la CPI a fin de que pueda seguir desempeñando sus funciones de manera eficaz e independiente. En este sentido, el ministro aseguró que el compromiso de España con la Corte Penal Internacional también es financiero. En 2023, según la nota de prensa de Exteriores, las contribuciones voluntarias de España a la CPI alcanzaron la cifra de seis millones de euros y en 2024 superaron los dos millones. <h5><strong>Declaración</strong></h5> El pasado 7 de febrero, España se unió a la declaración conjunta firmada por casi 80 países, entre los que no estaban ni Italia ni Hungría, en defensa de la Corte Penal Internacional frente a los ataques de Donald Trump. Según los firmantes, la CPI representa “un pilar vital del sistema de justicia internacional al garantizar la rendición de cuentas por los crímenes internacionales más graves y la justicia para las víctimas”. La declaración denuncia la adopción de medidas sancionatorias contra la Corte, sus funcionarios y personal y contra a quienes cooperan con ella “en respuesta al cumplimiento de su mandato, por parte de la Corte, de conformidad con el Estatuto de Roma”, unas medidas que “aumentan el riesgo de impunidad para los delitos más graves y amenazan con erosionar el estado de derecho internacional, que es crucial para promover el orden y la seguridad mundiales”. “Además, las sanciones podrían poner en peligro la confidencialidad de la información confidencial y la seguridad de los involucrados, incluidas las víctimas, los testigos y los funcionarios de la Corte, muchos de los cuales son nacionales nuestros”, añadía el texto. “Las sanciones socavarían gravemente todas las situaciones que se están investigando, ya que la Corte podría tener que cerrar sus oficinas sobre el terreno”, proseguía. La declaración fue firmada por Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Austria, Bangladesh, Bélgica, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Comoras, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Granada, Guatemala, Honduras, Irlanda, Islandia, Jordania, Letonia, Lesotho, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Maldivas, Malta, México, República Democrática del Congo, República Dominicana, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nigeria, Países Bajos, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Moldavia, Rumania, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Marino, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Eslovaquia, Eslovenia, España, Sudáfrica, Estado de Palestina, Suecia, Suiza, Timor-Leste, Trinidad y Tobago, Túnez, Uganda, Reino Unido, Uruguay y Vanuatu.
