<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la remisión a las Cortes Generales del acuerdo para la firma ad referéndum del Protocolo 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos a petición de Junts, el partido independentista del expresidente catalán Carles Puigdemont.</strong></h4> El Protocolo 16 permite a los Altos Tribunales de los Estados miembros solicitar opiniones consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre cuestiones de principio relativas a la interpretación o a la aplicación de los derechos y libertades definidos en el Convenio. Estas opiniones consultivas, que deben estar motivadas y no son vinculantes, están relacionadas con asuntos que estén en trámite ante la jurisdicción nacional. Por tanto, en aplicación de esta norma, los tribunales españoles de mayor rango podrían pedir opiniones consultivas previas al TEDH sobre asuntos que estén tramitándose en España. La decisión de remitir el texto a las Cortes fue anunciada este lunes por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien precisó a la agencia Europa Press que “esta iniciativa es fruto de un acuerdo alcanzado a propuesta de Junts”. La formación catalana había venido pidiendo al Gobierno que se adhiriera a ese protocolo, en pleno debate interno sobre si sigue adelante con su idea de presentar una cuestión de confianza contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Durante una rueda de prensa, la ejecutiva de Junts declaró este lunes en un comunicado que si España hubiera firmado antes el Protocolo 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos. “probablemente nunca se habría dictado la sentencia del 'procés’, ni las distintas sentencias contra el presidente Torra, Laura Borràs y tantos otros”. Según el Gobierno, la ratificación de este Protocolo “está en línea con el compromiso que España ha asumido en la protección de los derechos humanos como eje vertebrador de nuestra política exterior”. Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, declaró este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, “esto nos va a permitir fortalecer el diálogo entre la justicia española y la europea”. “Además, nos ayuda a avanzar en nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos como eje vertebrador de nuestra política exterior”, añadió. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales fue firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, pero la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa decidió, el 26 de abril de 2013, introducir una serie de enmiendas para “velar por que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos siga desempeñando su papel primordial en la protección de los derechos humanos en Europa”. El Protocolo 16 entró en vigor el 1 de agosto de 2018.
