<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno a transponer las 87 directivas europeas pendientes, “priorizando las que ya han superado su plazo de cumplimiento”, y a mejorar la coordinación entre los Ministerios para agilizar la adaptación de normativas europeas al ordenamiento jurídico español.</strong></h4> La moción, presentada el pasado 31 de enero para su debate en la Comisión Mixta para la Unión Europea, recuerda que, según el informe anual de la Oficina del Parlamento Europeo en España, el 46% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales en 2024 tienen origen europeo. Aparte, de las 24 leyes aprobadas este año, once derivan de directivas o reglamentos comunitarios, entre las que figuran “medidas clave”, como la conciliación familiar y profesional o la representación paritaria en sociedades cotizadas. El mismo informe, basado en datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, afirma que, a 9 de diciembre de 2024, “había por lo menos 87 directivas europeas pendientes de transponer a la legislación nacional, la mayoría de ellas con fecha límite de transposición en 2024, 2025 y 2026”. “De ellas, 31 ya han cumplido su plazo de transposición”, añade. Además, la gran mayoría de estas directivas están relacionadas con temáticas como Transición Ecológica, Economía, Migración, Sanidad o Vivienda, unas “áreas que enfrentan importantes retos tanto a nivel nacional como a nivel europeo”. “Así, España sigue siendo el Estado miembro con más infracciones abiertas por parte de la Comisión Europea por incumplimiento de transposiciones, con un total de 90 casos”, añade. “A la dejadez de funciones del Gobierno para transponer directivas europeas”, prosigue la moción del PP, “se une la falta de calidad jurídica de las normas tramitadas y el abuso de la fórmula del Real Decreto Ley con contenidos absolutamente dispares que contravienen el necesario rigor jurídico y el precepto constitucional que reserva el uso de esta fórmula normativa para situaciones de urgente necesidad”. Por todo ello, la Proposición no de Ley insta al Gobierno a “elaborar las normas necesarias para transponer las 87 directivas europeas pendientes, priorizando las que ya han superado su plazo de cumplimiento” y a “mejorar la eficacia en la coordinación entre los Ministerios para agilizar la adaptación de normativas europeas al ordenamiento jurídico español”. Asimismo, pide que se promueva “un diálogo continuo con los distintos grupos parlamentarios para garantizar que las normativas de origen europeo sean debatidas y adaptadas con la máxima eficacia y trasparencia” y que se garantice “la coordinación y consulta con las instituciones competentes a nivel europeo, nacional y autonómico con carácter previo al inicio de la tramitación, a fin de favorecer su posterior implementación”. Por último, el texto insta al Ejecutivo a “revertir el abuso del Real Decreto Ley como forma habitual de legislar por parte del Gobierno en aras a la mayor calidad de las normas exigidas por la UE”.
