<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>España se ha unido a la declaración conjunta firmada por casi 80 países, entre los que no están ni Italia ni Hungría, en defensa de la Corte Penal Internacional (CPI) frente a los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.</strong></h4> “Nosotros, los Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional abajo firmantes, reafirmamos nuestro apoyo continuo e inquebrantable a la independencia, imparcialidad e integridad de la CPI”, que representa “un pilar vital del sistema de justicia internacional al garantizar la rendición de cuentas por los crímenes internacionales más graves y la justicia para las víctimas”, comienza la declaración. En la actualidad, según los firmantes, “la Corte se enfrenta a desafíos sin precedentes”. “Se han adoptado medidas que sancionan a la Corte, a sus funcionarios y personal, así como a quienes cooperan con ella, en respuesta al cumplimiento de su mandato, por parte de la Corte, de conformidad con el Estatuto de Roma”, añade el texto, en referencia a la decisión de Trump de imponer sanciones contra el personal de la CPI en represalia por las órdenes de detención emitidas contra varios altos cargos israelíes. “Esas medidas aumentan el riesgo de impunidad para los delitos más graves y amenazan con erosionar el estado de derecho internacional, que es crucial para promover el orden y la seguridad mundiales”, advierte la declaración. “Además, las sanciones podrían poner en peligro la confidencialidad de la información confidencial y la seguridad de los involucrados, incluidas las víctimas, los testigos y los funcionarios de la Corte, muchos de los cuales son nacionales nuestros”, añade. “Las sanciones socavarían gravemente todas las situaciones que se están investigando, ya que la Corte podría tener que cerrar sus oficinas sobre el terreno”, prosigue. “Promover la labor vital de la Corte Penal Internacional sirve a nuestro interés común de promover la rendición de cuentas, como lo demuestra el apoyo brindado a la Corte tanto por los Estados Partes como por los Estados que no son Partes”, se lee en el manifiesto. “Como firmes partidarios de la Corte Penal Internacional, lamentamos cualquier intento de socavar la independencia, la integridad y la imparcialidad de la Corte. Nos comprometemos a garantizar la continuidad de las actividades de la Corte Penal Internacional para que la Corte pueda seguir desempeñando sus funciones de manera eficaz e independiente”, aseguran los firmantes. “A medida que nos esforzamos colectivamente por defender la justicia internacional, subrayamos el papel indispensable de la CPI para poner fin a la impunidad, promover el estado de derecho y fomentar el respeto duradero del derecho internacional y los derechos humanos”, concluye el texto. La declaración ha sido firmada por Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Austria, Bangladesh, Bélgica, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Comoras, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Granada, Guatemala, Honduras, Irlanda, Islandia, Jordania, Letonia, Lesotho, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Maldivas, Malta, México, República Democrática del Congo, República Dominicana, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nigeria, Países Bajos, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Moldavia, Rumania, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Marino, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Eslovaquia, Eslovenia, España, Sudáfrica, Estado de Palestina, Suecia, Suiza, Timor-Leste, Trinidad y Tobago, Túnez, Uganda, Reino Unido, Uruguay y Vanuatu.
