<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>Más de 500.000 personas han solicitado la nacionalidad española en aplicación de la Ley de Memoria Democrática (popularmente conocida como la “Ley de Nietos”) de octubre de 2022.</strong></h4> Así lo comunicó el pasado lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante la inauguración de la IX Conferencia de Embajadores, que reunió en la sede del Departamento en la plaza del Marqués de Salamanca, en Madrid, a los 130 representantes de España acreditados en todo el mundo para reflexionar sobre los retos de la situación política internacional en el nuevo año. “Vamos a seguir respondiendo a las demandas que, de acuerdo a la Ley de Memoria Democrática, han recibido las Oficinas del Registro Civil Consular”, aseguró el ministro durante su presentación de las prioridades de su cartera en 2025. “Más de 500.000 solicitudes de opción a la nacionalidad española de origen”, prosiguió. “Y en coherencia con esa memoria democrática, y como democracia madura que somos, en este año en el que se cumplen 50 años del fin de la dictadura, también rendiremos homenaje a los diplomáticos y al personal del servicio exterior que en enfrentaron a la dictadura y su barbarie en defensa de la libertad de todos los españoles y españolas”, añadió. El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros prorrogó en un tercer año, hasta octubre de 2025, el plazo para optar a la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, después de que el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) advirtiera de que la escasez de personal estaba causando una “saturación” en los “consulados generales que están infradotados para este proceso”. La Ley de Memoria Democrática permite el acceso a la nacionalidad española a las personas que no pudieron optar a ella entre 2008 y 2011 al amparo de la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en virtud de la cual se nacionalizaron alrededor de 250.0000 descendientes de exiliados del franquismo, sobre todo en los consulados de Francia, México, Argentina, Venezuela y Cuba. La actual norma, en vigor desde octubre de 2022, concede la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”. Asimismo, incluye otros supuestos de opción, como el de hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978; o los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes se les haya reconocido su nacionalidad a través de la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática. La ley establecía un plazo dos años, desde su entrada en vigor, para hacer la tramitación, aunque existía la posibilidad de un año de prórroga si el Consejo de Ministros así lo acordase al término de los dos primeros años, como así ha sucedido.
