<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno español ha decidido no enviar ningún tipo de representación a la investidura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, que tendrá lugar este próximo viernes en Caracas, según informaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.</strong></h4> Con esta decisión, España se uniría al acuerdo alcanzado oficiosamente por los 27 Estados de la UE para que ninguno de ellos esté presente en el acto, por considerar que no se puede dar legitimidad democrática a la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, teniendo en cuenta que no se han presentado resultados verificables mediante la entrega de las actas oficiales y que las misiones de observación enviadas por la Fundación Carter y por Naciones Unidas (ambas por invitación del régimen venezolano) no permiten ratificar el triunfo del actual presidente. Aunque el acuerdo entre los 27 (propuesto por España) no es oficial, y por tanto no es seguro que todos los Estados vayan a cumplir el compromiso de no acudir al acto de investidura, las mismas fuentes consideran que España no debe contribuir a legitimar el acto asistiendo a la ceremonia. <h5><strong>Edmundo González </strong></h5> Entretanto, el candidato opositor Edmundo González Urrutia, que goza de asilo político en España, denunció este miércoles, a través de su cuenta en la red social X, que su yerno, Rafael Tudares, ha sido “secuestrado” en Caracas por “hombres encapuchados, vestido de negro”, que “lo montaron en una camioneta color dorado, placa AA54E2C y se lo llevaron. A esta hora se encuentra desaparecido”. Edmundo González se encuentra de gira por varios países América para conseguir el apoyo de sus respectivos Gobiernos en su pretensión de viajar a Venezuela antes del 10 de enero para asumir él mismo la Presidencia de Venezuela. Ese día, Maduro pretende jurar el cargo por otro mandato de seis años y el Gobierno ha desplegado a 1.200 agentes de seguridad durante los días previos a la toma de posesión para frenar los planes de la oposición. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, ha declarado este miércoles personas no gratas a nueve expresidentes latinoamericanos que pretenden acompañar a González en Venezuela y ha pedido que sean tratados como una “fuerza extranjera que intenta invadir” el país. Edmundo González cuenta con estatus de asilo político en España. No obstante, en caso de ser detenido a su llegada a Venezuela, la única opción para el Gobierno español sería la condena de este hecho y la defensa de la integridad física y de los derechos de manifestación y expresión del dirigente opositor, ya que, aunque el asilo político le otorga un amplio margen de movimientos para salir y entrar en nuestro país, no le concede ninguna ventaja jurídica en este tipo de situaciones. Por otra parte, en el caso, más que previsible, de que Maduro acabe asumiendo el cargo, la UE podría responder mediante la aprobación de nuevas sanciones contra el régimen. España ya intentó sacar adelante una propuesta en este sentido durante la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores del pasado mes de septiembre, pero no salió adelante a causa de las reticencias de algunos Estados miembros. Lo que sí tiene bastante claro el Gobierno español, sea quien sea el presidente a partir del 10 de enero, es que la Embajada en Caracas debe seguir abierta, no solo por la necesidad de mantener una interlocución con las autoridades venezolanas en favor de los intereses de los 350.000 españoles residentes y de las empresas radicadas en el país (con especial atención a Repsol), sino para proteger a la propia oposición al régimen. Al respecto, fuentes del Ministerio han recordado que tanto Edmundo González como otro destacado líder opositor, Leopoldo López, acudieron a la Embajada española para pedir protección. El actual embajador de España en Caracas es Álvaro Albacete, nombrado a principios de diciembre para sustituir a Ramón Santos, quien está próximo a alcanzar la edad de jubilación obligatoria para los diplomáticos.
