<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>Las recientes informaciones sobre la inminente apertura de las aduanas comerciales entre Marruecos y Ceuta y Melilla han generado confusión y preocupación entre las partes más afectadas. De momento, el PP ya ha pedido la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que explique ante el Parlamento las “condiciones impuestas” por Rabat.</strong></h4> La semana pasada, el diario ‘El País’ avanzó que España y Marruecos se encuentran, después de más de dos años y ocho meses de conversaciones, en la recta final de las negociaciones para la apertura de las dos aduanas, previstas por la hoja de ruta acordada en abril de 2022 durante la visita del presidente Pedro Sánchez a Rabat y tras la sorprendente decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de reconocer el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, que supuso un vuelco a la postura tradicional de España en este tema y permitió abrir un nuevo periodo en las relaciones bilaterales. A falta de fechas concretas y de detalles oficiales por parte del Gobierno, las fuentes gubernamentales citadas por el rotativo aseguran que la apertura se producirá “en los próximos días” y que el acuerdo prevé un tránsito limitado de mercancías, con un solo camión diario por sentido en cada puesto aduanero, en horarios concretos. España, según las fuentes, solo podrá exportar determinadas mercancías, como productos de higiene y limpieza, electrodomésticos y electrónica, que no se fabrican en las ciudades autónomas, mientras que Marruecos transportará productos frescos, como áridos, frutas, verduras y pescados. Fuentes gubernamentales han negado estas informaciones, pero las restricciones han levantado polémicas entre empresarios y autoridades locales. En el caso de Ceuta (que nunca ha tenido aduana con Marruecos, por lo que sería la primera de su historia), la delegada de Gobierno en la ciudad autónoma, Cristina Pérez, ha pedido “cautela” y ha precisado, citada por la agencia Efe, que todavía no se ha establecido una fecha concreta para su apertura. Por su parte, en Melilla (cuya aduana comercial fue cerrada unilateralmente por Marruecos en agosto de 2018), la falta de informaciones y los pocos detalles conocidos han generado preocupación. La delegada del Gobierno en esta ciudad autónoma, Sabrina Moh, aseguró el pasado jueves -citada por Efe- que el Ejecutivo trabaja con Marruecos para reabrir la aduana comercial de Melilla “a la mayor velocidad posible”. De momento, el PP pidió el pasado viernes la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para tratar de obligar al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a que explique en el Parlamento las “condiciones impuestas” por Marruecos para la reapertura de la aduana comercial de Melilla. Por su parte, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (del PP), ha advertido de que la reapertura de la aduana comercial con las condiciones “impuestas” por Rabat implica una “pérdida de soberanía económica y política” y que Melilla corre el riesgo de ser tratada como si fuera una ciudad marroquí. En declaraciones al diario ‘El Mundo’, Imbroda advirtió de que “una aduana internacional debe estar abierta para todo” y no ajustarse a las limitaciones establecidas por Marruecos. “Lo que va a reconocer” Rabat “es una frontera regional y eso está en las antípodas de lo que es una aduana comercial internacional, y lo hace para demostrar su peso”, añadió el presidente de Melilla, quien se preguntó “por qué” el Gobierno “permite que otro país la someta a esto” después de haber cedido “sobre el Sáhara a lo que pedían (los marroquíes), sin agarrar nada a cambio”, por “razones que solo Sánchez y el ministro de Exteriores sabrán”.
