<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reclamado a España la extradición de la exdiputada opositora Dinorah Figuera, </strong><strong>presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela en el exilio y que ha sido acusada por las autoridades de su país del robo de los activos y recursos congelados en el exterior debido a las sanciones internacionales.</strong></h4> “Así como nosotros extraditamos delincuentes a esos países, pedimos en extradición a Figuera, para que le dé la cara a la justicia”, declaró la semana pasada el presidente venezolano durante su intervención en el programa ‘Maduro Live de Repente’, emitido por el canal estatal de televisión VTV. Dinorah Figuera, de 62 años, antigua dirigente estudiantil y secretaria general adjunta del partido opositor Primero Justicia, fue diputada por el estado Aragua entre 2016-2021 y participó en unas protestas contra el Gobierno de Maduro entre 2017 y 2018. Como consecuencia de ello, permaneció diez días refugiada en la Embajada de Francia en Caracas en 2018 a causa del acoso del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, hasta que pudo salir de su país con destino a España, donde reside (concretamente en Valencia) en régimen de asilo político. En enero de 2023 fue elegida presidenta de la IV Legislatura de la Asamblea Nacional de Venezuela en sustitución de Juan Guaidó (reconocido en su día como “presidente encargado” de Venezuela por varios Gobiernos, entre ellos el de Pedro Sánchez), cargo que ejerce desde el exilio en España. El 8 de enero, el Gobierno venezolano emitió una orden de detención en su contra y, en octubre de 2023, el sistema judicial venezolano aprobó una primera solicitud de extradición contra Dinorah Figuera por los delitos de “traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones y asociación para delinquir”. En las declaraciones de la semana pasada, Maduro acusó a Figuera de estar “robando Citgo”, la, filial de la petrolera venezolana (PDVSA) en Estados Unidos, y aseguró que tanto ella como varios exparlamentarios, entre ellos Juan Guaidó (a quien calificó de “bandido”) “se aumentaron en un 40% el salario mensual y reciben hasta 10.000 dólares cada uno”. Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que ese grupo, al que calificó como “una banda de ladrones”, pretende robar los “activos del pueblo venezolano a través de una Asamblea” que no existe, en referencia a la AN de 2016-2021, que ha sido reconocida por EE UU como “la última institución elegida democráticamente” en Venezuela. A finales de diciembre, la Asamblea Nacional anunció su intención de solicitar al Ministerio Público la aplicación de la llamada “Ley Simón Bolívar” (la “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela en noviembre de 2024 y que prevé penas de entre 25 y 30 años de prisión y multas de hasta un millón de euros, además de una inhabilitación política de hasta 60 años, para las personas que apoyen o estén implicadas en sanciones contra el gobierno o las autoridades venezolanas) a estos exdiputados bajo la acusación de haber accedido “arbitraria e ilegalmente” a los activos de Citgo. La petición de Maduro se produjo poco después de recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de España, Álvaro Albacete, ante quien defendió la importancia de “fortalecer las relaciones bilaterales entre Venezuela y España” y destacó el “deseo de ambos países de fomentar el diálogo y la cooperación en diversas áreas”.
