El Tribunal de Cuentas lamenta la “falta de implicación” de Exteriores en la gestión de Casa de América

Eduardo González El Tribunal de Cuentas ha detectado “deficiencias y debilidades” en la gestión de Casa de América en lo referente al control interno, a la información contable y a la formulación y aprobación de las cuentas anuales, que “deberían ser subsanadas a la mayor brevedad”, y ha atribuido estas carencias a “la falta de implicación” del Ministerio de Asuntos Exteriores, del que depende, en “su dirección, asistencia técnica y supervisión como instrumento de la diplomacia pública”. Casa de América es una entidad de derecho público constituida en 1990 con el objetivo de desarrollar actividades que permitan “acercar la riqueza y diversidad del continente americano a España y reforzar los lazos de unión con el mundo iberoamericano”. Forma parte de la Red de Casas del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAUC) como herramienta de la política de Estado en la promoción y mejora de la imagen de España. Entre 2020 y 2021, Casa de América tuvo unos gastos de gestión ordinaria de 6,1 millones de euros y contó con 24 trabajadores. El pasado jueves, el Tribunal de Cuentas hizo público el Informe de Fiscalización del Consorcio Casa de América (CCAM) correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021, en el que se advierte, precisamente, de la necesidad de llevar a cabo un control del Consorcio “porque nunca ha sido fiscalizado específicamente por el Tribunal de Cuentas” y por “el retraso en la formulación, aprobación y remisión, de las cuentas anuales de ejercicios precedentes”. El informe aprecia “una serie de deficiencias y debilidades en aspectos relacionados con el control interno y el sistema de información contable empleado por la entidad, así como incumplimientos reiterados en los plazos de formulación y aprobación de las cuentas anuales y salvedades en su contenido, que deberían ser subsanados a la mayor brevedad”. Asimismo, se han observado “carencias en aspectos relacionados con la planificación estratégica y la definición de los objetivos a lograr y los indicadores para medirlo”, que responden, “en parte, a la falta de implicación del MAUC en su dirección, asistencia técnica y supervisión como instrumento de la diplomacia pública, circunstancia que limita su contribución en dicha función para la que fue creada”. Control interno Como resultado de esa falta de implicación de Exteriores, prosigue el informe, el Consorcio Casa de América carece formalmente de un sistema completo y estructurado de control interno, habiéndose observado lagunas y deficiencias relacionadas con los instrumentos organizativos básicos de personal, instrucciones, procedimientos y manuales internos de gestión económico-financiera, así como en el sistema de gestión y archivo documental. El documento advierte también de la necesidad de “ajustar el convenio colectivo al marco jurídico”. Asimismo, a pesar de participar en la diplomacia pública española formando parte de la Red de Casas, adscrita al MAUC, “no se aprecia que haya recibido la correspondiente dirección, asistencia técnica y supervisión del Ministerio para constituir un instrumento eficaz en el que se apoye para el desarrollo de dicha función”. El informe lamenta también que la planificación con la que cuenta no cumple con los requisitos del sistema que debería permitir ejercer el control de eficacia de su actividad y que el sistema de información contable no se adecúa plenamente a las necesidades de la entidad, “constituyendo el origen de muchas de las incorrecciones e incumplimientos”. Financiación Con relación a la financiación, el Tribunal “valora positivamente sus esfuerzos por conseguir mayor financiación privada, que en 2021 fue del 46 %”, pero recomienda que se intensifiquen estos esfuerzos “para obtener patrocinios y colaboraciones en el entorno de las legaciones diplomáticas, empresas y entidades de la Comunidad Iberoamericana”. Además, prosigue, el Consorcio “debería impulsar la elaboración de un plan de financiación plurianual que vincule a los entes consorciados, sin perjuicio de elevar al Ministerio la petición de incremento de la financiación hasta cubrir los gastos que le corresponden estatutariamente”. Por todo ello, el Tribunal plantea distintas recomendaciones al CCAM para promover mejoras en la planificación de su actividad, en la adecuación de la regulación en materia de recursos humanos y en la remisión y contenido de las cuentas rendidas, “que contribuyan a mitigar riesgos de solvencia en situaciones de incertidumbre”.

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