Asier Martínez Jurio
La Comisión Europea ha decidido este jueves llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no haber transpuesto correctamente la Directiva sobre contratación pública.
Pese a los avisos de la Comisión, España aún no ha introducido los cambios necesarios en su legislación para hacerla compatible con todas las obligaciones derivadas de las normativas europeas sobre contratación pública.
La contratación pública es el proceso mediante el cual las autoridades públicas, como los ministerios o las autoridades locales, adquieren bienes y contratan obras o servicios de las empresas.
El Derecho español se aparta considerablemente de las normas de la UE en lo que respecta a su ámbito de aplicación correspondiente a los tipos de poderes adjudicadores, los tipos de contratos y las modificaciones de los contratos que deben cumplir la legislación nacional sobre contratación pública por la que se transponen las Directivas.
El Ejecutivo comunitario considera que, hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades han sido “insuficientes”, por lo que, finalmente, ha decidido llevar a España ante el TJUE.
