ERC pide la protección de la comunidad bielorrusa en España frente al acoso de Lukashenko

Eduardo González El Grupo Parlamentario Republicano ha presentado una Proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno a proteger a los ciudadanos bielorrusos residentes en España frente a las medidas adoptadas por el Gobierno de Aleksander Lukashenko para limitar sus derechos fundamentales. La moción se produce meses después de que el Gobierno asegurara, en respuesta precisamente a una pregunta parlamentaria por escrito de ERC, que estaba “al corriente de la situación en que se encuentra la comunidad bielorrusa en el extranjero a raíz de las medidas legislativas tomadas por las autoridades bielorrusas” y que se trataba “de una cuestión que está siendo también estudiada a nivel Unión Europea, donde se están compartiendo enfoques en relación con la cuestión”. En la nueva Proposición no de Ley, presentada el 27 de noviembre por el diputado Francesc-Marc Álvaro i Vidal (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC) para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, el Grupo Republicano insiste en que, desde la invasión de Rusia a Ucrania, el Gobierno de Lukashenko ha introducido una seria de cambios legislativos y ejecutivos a fin de limitar el ejercicio de los derechos fundamentales de los bielorrusos. Entre estos cambios, ERC menciona la privación de nacionalidad a los naturales bielorrusos residentes el extranjero que hayan sido sentenciados por tribunal por participar en actividades declaradas “extremistas”, lo que representa “una auténtica forma de persecución política contra la disidencia y el socavo al respeto a la libertad de expresión”. Asimismo, denuncia los cambios en los procedimientos y requerimientos para la renovación de la documentación de sus propios ciudadanos en el extranjero, a quienes se obliga a trasladarse territorio bielorruso para expedir, canjear o renovar sus documentos de identidad, debido a que las Instituciones bielorrusas en el extranjero han dejado de efectuar estos trámites. Esta nueva norma, según ERC, supone “una nueva violación de los derechos humanos y del derecho Internacional -la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963- con el objetivo “de perseguir a la disidencia”. Estos cambios legislativos han supuesto “un verdadero problema” para las 6.800 personas de nacionalidad bielorrusa que, según el INE, se encuentran empadronadas en España, ya que, “con la nueva normativa, al caducarse los documentos de acreditación de residencia se ven obligadas a desplazarse a Bielorrusia para renovar su pasaporte, con el riesgo para su seguridad personal que esto conlleva dado el clima político actual en su país de origen”. El Grupo Republicano lamenta también que a algunos ciudadanos bielorrusos “en posesión de permisos de residencia y con esta problemática” se les ha ofrecido acogerse a los procedimientos de solicitud de asilo. No obstante, esta fórmula “conlleva largos trámites” y se caracteriza por un bajó índice de reconocimiento, por lo que se han propuesto otras alternativas provisionales “y mientras dure la situación y el clima político actual en la zona”, como la renovación de los permisos en España “a pesar de tener la documentación bielorrusa caducada”. El texto recuerda también que “el Gobierno, en una respuesta por escrito, afirmó estar al tanto de la situación y señaló que esta también está siendo analizada a nivel de la Unión Europea”. “Sin embargo”, advierte, “un año después, las condiciones de los ciudadanos bielorrusos siguen sin mejorar”. Por todo ello, la Proposición no de Ley insta al Gobierno a flexibilizar los trámites administrativos relativos a la renovación o expedición de permisos de residencia para ciudadanos bielorrusos cuya documentación emitida por su país de origen haya caducado, “mientras persista la imposibilidad de renovarla sin poner en riesgo su integridad y seguridad personal”. También insta a “agilizar los procedimientos de solicitud de asilo para ciudadanos bielorrusos afectados por estas medidas, priorizando los casos más urgentes y garantizando una evolución adecuada basada en la situación política actual en Bielorrusia”, y a “impulsar una postura común en el marco de la Unión Europea respecto a la situación de las personas bielorrusas afectadas y considerar sanciones adicionales o medidas de presión diplomática que aborden las violaciones de derechos humanos en Bielorrusia”.

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