<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido a su homólogo de Polonia, Radoslaw Sikorski, que la próxima presidencia polaca del Consejo de la UE retome la propuesta española para oficializar el catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas, según adelantó la agencia Europa Press y confirmaron fuentes diplomáticas a <em>The Diplomat.</em></strong></h4> Según las mismas fuentes, Albares hizo esta petición a Sikorski a través de una carta remitida esta misma semana. Polonia ejercerá la Presidencia de turno a partir del próximo 1 de enero y a lo largo del primer semestre de 2025. Se da la circunstancia de que Albares y Sikorski coincidieron este jueves en Berlín con motivo de la reunión del G5+, el grupo de apoyo a Ucrania formado a finales de noviembre por España, Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido, pero no consta que hayan tratado este tema personalmente. En cambio, Albares sí aprovechó este pasado miércoles su reciente viaje a Roma, con motivo del viaje de Estado de los Reyes, para abordar personalmente la propuesta española con su homólogo italiano, Antonio Tajani. Según las citadas fuentes diplomáticas, las gestiones de Exteriores en favor de las tres lenguas cooficiales españolas son “constantes e ininterrumpidas”. El propio José Manuel Albares realizó las mismas gestiones en la última semana junio con su homólogo húngaro, Péter Szijjártó, a pocos días del comienzo de la actual Presidencia magiar del Consejo de la UE. El embajador de Hungría ante la UE, Bálint Ódor, declaró por esas mismas fechas que, en principio, su país no tenía intención de debatir la propuesta de España durante su Presidencia, una advertencia que se confirmó posteriormente. El tema no figuró ni una sola vez en la agenda del Consejo durante la presidencia húngara. La modificación del régimen lingüístico europeo para oficializar el catalán, junto al euskera y el gallego, en el seno de la Unión Europea fue uno los compromisos entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los independentistas catalanes de Junts para conseguir su apoyo en la votación de investidura. Por ello, el Gobierno aprovechó la última Presidencia española del Consejo de la UE (segundo semestre de 2023) para introducir el tema en cuatro reuniones consecutivas del Consejo de Asuntos Generales (19 de septiembre, 24 de octubre, 15 de noviembre y 12 de diciembre de 2023), en dos de las cuales compareció incluso Albares, algo inusual en este tipo de encuentros. Pese a esa insistencia, las cuatro reuniones concluyeron sin ninguna decisión concreta, salvo el compromiso de la inminente Presidencia belga de “hacer avanzar los trabajos sobre la solicitud de España durante su mandato”. No obstante, la cuestión de los idiomas brilló por su ausencia en la agenda de todos los Consejos de Asuntos Generales del semestre belga. El pasado mes de septiembre, Albares aseguró que estaba “dispuesto a llegar” al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para conseguir la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en “todas” las instituciones europeas y aseguró, después de abordar este tema desde hacía “meses” con los países más reacios a la propuesta, que “sólo” quedaba “una reticencia, y es la reticencia política de aquellos países que están gobernados sobre todo por el Partido Popular europeo en coalición con la extrema derecha”. La modificación del régimen lingüístico de la UE requiere del apoyo unánime de los 27 Estados miembros. Algunos países han mostrado sus dudas, e incluso su abierta oposición, por motivos prácticos (su coste económico y los problemas para encontrar personal suficiente) y por su impacto posible en otros Estados miembros con lenguas minoritarias. Para convencer a los socios más reticentes, España se ha amparado en la “excepcionalidad” y la “especificidad del caso español”, no extrapolable a otros casos, y se ha comprometido a asumir los costes. El pasado lunes, el expresidente y líder independentista catalán Carles Puigdemont criticó la “absoluta falta de implicación” de Pedro Sánchez en las negociaciones para convencer a los países europeos más reticentes a que el catalán sea reconocido como lengua oficial de la UE.
