El Consejo de Ministros aprueba el nuevo Estatuto de la AECID, en el marco de la Ley de Cooperación

Eduardo González El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y ha abordado el Informe anual de Acción Exterior 2023, que recoge la ejecución de la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024, las actuaciones realizadas, los objetivos logrados y los recursos aplicados en su consecución. “El Estatuto de la AECID es uno de los grandes hitos de la reforma y de la transformación de la Cooperación Española, que iniciamos ya el año pasado con una nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “El desarrollo reglamentario de la nueva ley se inició con la aprobación del Estatuto del Cooperante”, que tuvo lugar en julio de este año con el propósito de mejorar las condiciones laborales de los más de 2.700 cooperantes españoles en todo el mundo, prosiguió. “Hoy es un paso más y vendrán otros”, aseguró el ministro. El objetivo de este Estatuto, añadió, es “reforzar el principal instrumento de nuestra cooperación, la AECID, una agencia reformada, renovada en profundidad, que canaliza la solidaridad de la sociedad española y nos permite, a la vez, afrontar los grandes retos globales, las grandes crisis humanitarias -Gaza, Líbano, Haití, el Sahel, por citar las más importantes-, la lucha contra el hambre y la pobreza, la emergencia climática, las brechas de género y la gestión del fenómeno migratorio atajando sus causas más profundas”. Según ha indicado Exteriores en una nota de prensa, el Estatuto determina el marco normativo para la renovación profunda de la AECID, sus nuevas funciones, los principios que deben guiar su trabajo y su organización interna. Este Estatuto, prosigue la nota de prensa, es “un nuevo espaldarazo a una agencia”, que ha duplicado su presupuesto en los últimos tres años (de alrededor de 360 millones de euros en 2021 a más de 700 conjuntamente en 2023 y 2024) y que ya ha acometido diversas reformas en su funcionamiento, “por ejemplo, mejorando las condiciones de trabajo de su personal expatriado, acometiendo un Plan de Transformación Digital, reforzando su actividad en el ámbito multilateral o lanzando nuevos e innovadores programas sobre democracia, lucha contra el cambio climático, cooperación feminista o salud”. Informe de Acción Exterior El ministro también ha llevado al Consejo de Ministros el Informe anual de Acción Exterior, que “sigue los cuatro principios rectores de la Estrategia de Acción Exterior: más Europa, mejor multilateralismo, bilateralismo estratégico y compromiso solidario”, prosiguió el Ministerio. El informe recoge momentos destacados de la Acción Exterior en 2023, como la Presidencia española del Consejo de la UE, el “apoyo integral” de España a Ucrania mediante la imposición de sanciones a Rusia, el respaldo diplomático, la asistencia militar y humanitaria o la acogida de desplazados ucranianos, y el “papel activo” de España a favor de la solución de los dos Estados en Oriente Medio y del fomento del diálogo euro-árabe. También destaca las contribuciones voluntarias al sistema de Naciones Unidas por un valor de 718 millones de euros, la inauguración de la nueva sede en Madrid de la Oficina de Programas de la ONU contra el Terrorismo, la elección de España como miembro de varias juntas ejecutivas, como la del Programa Mundial de Alimentos y ONU-Hábitat, o el establecimiento en Bilbao de la sede del secretariado de la Coalición Local 2030. El informe recuerda también la Cumbre hispano-francesa de Barcelona, la Cumbre hispano-portuguesa de Lanzarote, el refuerzo de la cooperación con Polonia y Rumanía y el impulso al desarrollo de la Vecindad Sur de la UE, así como “otro hito fundamental”: la celebración en Bruselas de la Cumbre UE-CELAC, apoyada por España. Asimismo, el documento hace mención a la eliminación del voto rogado, las cuatro evacuaciones (Sudán, Níger, Etiopía y Gaza) de ciudadanos españoles y sus familiares y la concesión de la nacionalidad española a opositores nicaragüenses que habían sido desposeídos de su ciudadanía, junto con sus familias.

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