Albares retoma este miércoles el encuentro con Metsola sobre las lenguas, que fue aplazado por la DANA

Eduardo González El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantendrá este miércoles en Bruselas el encuentro con la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, que fue aplazado a principios de noviembre a causa de la crisis de la DANA en el sur y este de España. El objetivo de esta reunión, según informaron fuentes oficiales de Exteriores a The Diplomat, es intentar relanzar la petición de España para que se autorice el uso del catalán, el euskera y el gallego en los plenos del Parlamento Europeo. La agenda de esta semana de Metsola, publicada este lunes en la web de la Eurocámara, indica que la presidenta se reunirá “con el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares”. La entrevista tendrá lugar al término de la ministerial de la OTAN y después de que el ministro enviara una carta a Metsola a finales de septiembre en la que le solicitaba una reunión para tratar este asunto y le pedía la adopción de un acuerdo administrativo que permita el uso de las tres lenguas cooficiales en la Eurocámara, como ya ocurre en otras instituciones comunitarias. El ministro ya había remitido cartas similares en septiembre de 2022 y en marzo de 2024. En la actualidad, ya existen “arreglos administrativos” en el seno del Consejo y de la Comisión Europea que permiten la traducción de muchos de sus documentos a las lenguas cooficiales y el Gobierno viene reclamando que se haga lo propio también en el Parlamento Europeo. En su carta, Albares planteaba a Metsola la posibilidad de que ésta lleve a la Mesa de la Eurocámara el acuerdo administrativo que permita el uso de catalán, euskera y gallego, usando como argumentos que en las regiones donde se hablan estas lenguas viven más de 20 millones de personas, están reconocidas por la Constitución y son lenguas de trabajo tanto en el Congreso como en el Senado. Aparte, Metsola fue recibida el pasado mes de marzo en Madrid por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por Albares, quien recordó la importancia que España concede al multilingüismo y al uso de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas y reiteró la petición española de poder utilizar las lenguas cooficiales en los plenos del Parlamento Europeo, única institución comunitaria principal con la que España no tiene todavía un acuerdo administrativo para el uso de estas lenguas. Desde su carta a Roberta Metsola se ha producido un pequeño avance, ya que la presidenta de la Eurocámara encargó a principios de octubre que se evalúe el impacto que tendría reconocer las tres lenguas cooficiales como lenguas de uso en sus sesiones plenarias. El encargo ha recaído en el Grupo de Trabajo de la Mesa sobre Lenguaje de los Ciudadanos y Servicios Lingüísticos, creado el pasado mes de septiembre, antes de la carta de Albares, y que integran cinco vicepresidentes de la Eurocámara, entre ellos los españoles Esteban González Pons (PP) y Javi López (PSC). Según las fuentes consultadas por la agencia Europa Press en su momento, la evaluación del impacto llevará “meses más que semanas” y tiene como objetivo tener datos claros del coste que supondría la traducción en las sesiones plenarias en cuanto a personal e infraestructuras. Oficialidad de los idiomas Esta iniciativa, para la que el ministro ha pedido en varias ocasiones el respaldo del PP dado que su familia política es mayoritaria en la Eurocámara, es independiente de la iniciada el verano pasado a cambio del respaldo de Junts a la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso, según se ha encargado de aclarar el Ejecutivo. Entonces, Albares solicitó al Consejo de la UE que se incluyeran el catalán, el euskera y el gallego en el régimen lingüístico como lenguas oficiales. Para que esto sea posible, es necesaria la unanimidad de los Veintisiete, algo que todavía no se ha conseguido a causa de las reticencias de algunos socios, que temen que pueda sentar un precedente respecto a otras lenguas minoritarias. Para superar ese escollo, el Gobierno ha propuesto que sea España la que asuma el coste de traducción que supondría la inclusión de estas tres nuevas lenguas, que vendrían a sumarse a las 24 que ya son oficiales en la UE. Según las estimaciones de Bruselas, la factura ascendería a los 132 millones de euros anuales. Además, dada la reticencia de algunos socios, Albares ha amenazado con llevar esta cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) “si hiciera falta”, si bien ha reconocido que aún se está “lejos” de llegar a ese punto y que no hay “obstáculos reales” para que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego pueda ser una realidad.

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