<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <strong>El Tribunal de Cuentas ha detectado “debilidades y deficiencias” en el Centro Sefarad-Israel en lo relativo a la planificación estratégica, a la definición de los objetivos y a los indicadores para medirlo y ha atribuido estas carencias a “la falta de implicación” del Ministerio de Asuntos Exteriores, del que depende, en “la dirección, asistencia técnica y supervisión de la entidad como instrumento de la diplomacia pública”.</strong> El tribunal publicó el pasado 29 de noviembre su informe de la fiscalización efectuada en el Consorcio Centro Sefarad-Israel (CCSI) correspondiente al ejercicio de 2022. El Centro, una entidad constituida en 2006 por la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para fomentar las relaciones entre España y la comunidad y organizaciones judías, se enmarca en la denominada “diplomacia pública” y forma parte, por ello, de la Red de Casas del Ministerio de Asuntos Exteriores (junto a Casa África, Casa América, Casa Asia y Casa del Mediterráneo) como herramienta de la política de Estado en la promoción y mejora de la imagen de España. Según el documento, la fiscalización ha puesto de manifiesto “algunas debilidades y deficiencias en aspectos relacionados con la planificación estratégica y la definición de los objetivos a lograr y los indicadores para medirlo”. Estos problemas, prosigue el Tribunal de Cuentas, responden, “en parte, a la falta de implicación” del Ministerio “en la dirección, asistencia técnica y supervisión de la entidad como instrumento de la diplomacia pública, siendo limitada su contribución en dicha función para la que fue creada”. Concretamente, el tribunal advierte de que, aunque el Centro participa en la diplomacia pública española como parte de la Red de Casas adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, “no se aprecia que haya recibido la correspondiente dirección, asistencia técnica y supervisión del Ministerio para constituir un instrumento eficaz en el que se apoye para el desarrollo de dicha función”. “La falta de planificación estratégica como ‘visión global’ aportada por el Ministerio y la falta de planes anuales que concreten los objetivos específicos a realizar y los indicadores necesarios para evaluar su consecución y el coste de las actividades han tenido como resultado que las numerosas actividades que desarrolla el Consorcio no puedan ser valoradas en términos de eficiencia”, prosigue el informe. Ejemplo de todo ello, indica el Tribunal de Cuentas, es que los órganos consultivos previstos en el Estatuto del Centro “no se han constituido o no se han reunido, por lo que resultan inoperantes” Aparte, el CCSI no ha sido objeto de supervisión continua por el Ministerio “al que se encuentra adscrito”, ni consta que la inspección de servicios haya ejercido el control de eficacia, en los términos previstos por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), la norma que, desde 2015, regula el régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Asimismo, prosigue el informe, el CCSI no efectúa, en coordinación con el Ministerio, “una adecuada planificación estratégica y planes anuales definiendo objetivos, acciones e indicadores” y, en el ámbito de la Red de Casas, el Exteriores no organiza “la gestión compartida de servicios comunes con objeto de mejorar su eficiencia, o justificar su inoportunidad”, atendiendo a lo previsto por la citada LRJSP. Como resultado de esta última deficiencia, el Centro “cuenta con un personal y recursos reducidos, sin que se hayan realizado actuaciones tendentes a compartir la gestión de servicios comunes con otros centros de la Red de Casas”. Tampoco consta la aprobación por parte del Ministerio del plan anual de actuación de 2022, ni la revisión de la programación estratégica del organismo cada tres años. Ello incide en el control de eficacia que corresponde ejercer a la Inspección de Servicios del Ministerio, cuyo objeto es evaluar el cumplimiento de los objetivos de la actividad de la entidad y la utilización adecuada de los recursos. Por todo ello, la función del Centro Sefarad-Israel como instrumento de la diplomacia pública española en la que se apoya el Ministerio de Asuntos Exteriores “resulta muy limitada”, resume el documento. En consecuencia, el informe del Tribunal de Cuenta advierte de que el Ministerio “debería ejercer plenamente el control de eficacia del Consorcio, a través de su inspección de servicios”, y “debería analizar la conveniencia de establecer mecanismos para gestionar servicios comunes, en su ámbito de actuación, sobre las entidades que integran la Red de Casas”. Otra cuestión destacada por el informe es que la financiación de la entidad, procedente en un 98 % de las administraciones públicas, es “bastante reducida, condicionando la propia actividad llevada a cabo por el Consorcio”. En este sentido, el Tribunal valora los esfuerzos por conseguir mayor financiación privada, si bien sigue señalando, tal y como ya manifestó en su anterior informe sobre los ejercicios 2011 y 2012, que deberían aumentarse los patrocinios y colaboraciones de las empresas y entidades de la comunidad judía, con objeto de alcanzar una mayor proyección y eficacia de su función.
