Belarra pide que la CPI investigue el trato a las mujeres afganas como “crimen contra la humanidad”

Eduardo González La diputada de Podemos y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto, Ione Belarra, ha instado al Gobierno a promover y apoyar las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) para que se juzgue el trato a las mujeres y niñas afganas como “crimen contra la humanidad” y para que “los responsables de las más de cien normas y edictos que oprimen hoy día a las mujeres y niñas en Afganistán rindan cuentas ante la justicia”. En una Proposición no de Ley (PNL) presentada el pasado 24 de septiembre para su debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, la exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el anterior Gobierno de coalición de Pedro Sánchez denuncia que, el pasado día 21 de agosto, el régimen talibán de Afganistán ratificó una ley de moralidad con más de cien páginas de contenido y 35 artículos con un objetivo principal: “endurecer la represión que vienen sufriendo las mujeres del país desde que hace tres años el grupo fundamentalista tomara el Gobierno por la fuerza”. “El texto, promulgado por el líder espiritual supremo, Haibatulá Ajundzadá, incluye medidas como la prohibición de que se escuchen sus voces en espacios públicos o que se vean sus rostros en la calle”, añade. “Después de dos décadas de tutela occidental desde que el presidente George W. Bush decidiera empezar allí la llamada Guerra Global contra el Terror como respuesta a los atentados del 11S, la retirada de tropas de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN el verano de 2021 dejó un vacío de poder en el país, que fue así entregado de nuevo a los talibanes”, prosigue. “Las mujeres y niñas afganas, que antes de todo esto iban a la escuela y tenían libertad de movimiento, están viendo sus derechos fundamentales vulnerados ahora más que nunca y sin que las autoridades internacionales actúen ni tomen partido para evitar lo que la ONU viene calificando de apartheid de género desde la suspensión de la Constitución por el régimen talibán”, denuncia la portavoz del Grupo Mixto. Como consecuencia de ello, las mujeres afganas están excluidas del sistema educativo y del mercado laboral, deben cumplir con un estricto código de vestimenta que las obliga a ir cubiertas de la cabeza a los pies y les prohíbe el uso de zapatos de tacón o acudir a salones de belleza, no pueden salir de sus casas a menos que estén acompañadas por un hombre de parentesco cercano como padre, hermano o marido conocido como ‘mahram’, tienen vetado el deporte y no pueden subir a un autobús con hombres porque el transporte también está segregado, entre otras muchas cosas. Además, según informa la ONU, en Afganistán están aumentando los matrimonios precoces y forzados y “la violencia por motivos de género y los feminicidios, que, además, quedan impunes por el desmantelamiento progresivo que han hecho los talibanes del marco institucional que existía de ayuda a las víctimas sobrevivientes, dejándolas supeditadas a la ley islámica (sharia) y en total desamparo y peligro”, denuncia Belarra. Organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas consideran que todas estas restricciones impuestas por los talibanes a los derechos de las mujeres y de las niñas, unidas al uso del arresto y la detención arbitrarios, la desaparición forzada y la tortura y otros malos tratos, “son constitutivas del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género en un contexto de crisis humanitaria que, de por sí, ya es devastadora”, advierte la diputada. “La comunidad internacional y, muy especialmente, las potencias occidentales, tenemos, como mínimo, la responsabilidad moral de posicionarnos en este escenario de emergencia y de violación de derechos humanos”, añade el texto. Por ello, moción insta al Gobierno a “rechazar públicamente todas las violencias contra las mujeres y niñas afganas por el hecho de serlo y promover acciones en el seno de la Unión Europea para contribuir a su protección, en consonancia con la estrategia de política exterior de España basada en el respeto al derecho internacional y la protección de los derechos humanos”. Asimismo, pide que se dé “respuesta positiva a las peticiones de traslado registradas por parte de solicitantes de asilo y personas refugiadas de nacionalidad afgana en Embajadas y consulados españoles”, particularmente en Pakistán y otros países de la región, y que se promuevan y apoyen las investigaciones de la CPI “para que se juzgue el trato a las mujeres y niñas afganas como crimen contra la humanidad, y para que los responsables de las más de cien normas y edictos que oprimen hoy día a las mujeres y niñas en Afganistán rindan cuentas ante la justicia”.

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