Eduardo González
Tanto el PP como los grupos izquierdistas y nacionalistas del Congreso de los Diputados, incluido Sumar (socio minoritario del Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez), han preguntado por escrito al Gobierno por los motivos del Ministerio del Interior para denegar el derecho de asilo e incluso anunciar la posible deportación de un grupo de solicitantes de asilo saharauis retenidos en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
El pasado 23 de septiembre, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que los diez solicitantes de asilo que se encontraban retenidos en el aeropuerto y que decían ser saharauis perseguidos serían “deportados” si la ley no los ampara “como acreedores de protección internacional”, en concordancia con “la legalidad nacional e internacional” y “siempre con la ratificación judicial al respecto”.
En una pregunta por escrito registrada al día siguiente, el Grupo Parlamentario Popular pregunta al Gobierno si se han respetado “todas las garantías de procedimiento y examen de las solicitudes de asilo” de los “diez solicitantes de asilo saharauis” que estuvieron retenidos “varias semanas” en el aeropuerto de Madrid-Barajas y que “van a ser retornados a Marruecos”, a pesar de haber declarado que están “desesperados por la situación de represión que sufren” en su país de origen “debido a las tensiones políticas por el Sáhara Occidental”.
Por su parte, el Grupo Sumar pregunta al Ejecutivo si “ha valorado de forma individual cada solicitud de protección internacional presentada por los saharauis” retenidos en Barajas, qué medidas está tomando el Ministerio del Interior para “asegurar que se respeten los derechos humanos de los solicitantes de asilo saharauis, especialmente aquellos que alegan persecución política y tortura” y si “es consciente el Ministerio del Interior del riesgo que supone para estos solicitantes que sean devueltos a Marruecos tras mantener que están siendo perseguidos por las autoridades marroquíes”.
Ione Belarra, de Podemos, ha denuncia el “doble rasero” del Gobierno “a la hora de aplicar la ley de asilo”, con mención expresa a la concesión de asilo al líder de la oposición venezolana Edmundo González y a “la negación sistemática de ese derecho a los activistas saharauis y la desprotección de sus derechos humanos frente a Marruecos, la potencia ocupante del 80% del territorio del Sáhara Occidental, que los vulnera de forma sistemática”.
Por ello, Belarra pregunta “si va a detener el Gobierno la repatriación a Marruecos de los diez activistas saharauis comunicada el 23 de septiembre”, cuáles “son los motivos de las denegaciones de las solicitudes de asilo de los activistas” y si “va detener la devolución de cualquiera de los activistas saharauis, o sus familiares, para atender adecuadamente sus solicitudes, revisar los casos en profundidad y otorgarles el asilo”.
En el mismo sentido, Mikel Legarda, del PNV, pregunta al Gobierno si “le parecen acordes con la responsabilidad histórica del Estado contraída con el pueblo saharaui (…) negar protección internacional a aquellas personas de nacionalidad saharaui que la soliciten en España”, no poder “constatar si una persona es saharaui cuando alega serlo, a pesar de portar certificado de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental) basado en el censo español de cuando el Sáhara Occidental era provincia española”, y devolver a Marruecos “a las personas saharauis al no concedérseles protección internacional cuando lo solicitan, sin tener en cuenta los riesgos a los que se enfrentan”.
Por su parte, Gabriel Rufián, de ERC, pregunta al Gobierno qué medidas está adoptando “para garantizar que las personas saharauis retenidas en el aeropuerto de Barajas puedan formalizar correctamente sus solicitudes de asilo, respetando los derechos humanos fundamentales” y si “tiene constancia el Gobierno español de los riesgos para la vida e integridad física que estos activistas podrían enfrentar si fueran deportados a Marruecos”. También pide al Ejecutivo que aclare “qué garantías ofrece para asegurar que no serán sometidos a represalias o tratos inhumanos” y qué “protocolos ha activado el Ministerio del Interior para asegurar que las devoluciones de estos activistas saharauis no violen el principio de ‘no devolución’ establecido por el derecho internacional y reconocido por la legislación española”.
Asimismo, Néstor Rego, del BNG, pregunta al Ejecutivo “por qué ha decidido el Ministerio de Interior rechazar” las peticiones de asilo y protección internacional” a estos saharauis, “a qué se debe el anuncio de deportación de diez personas saharauis que el Ministerio efectuó el lunes 23 de septiembre” y si “es el cambio de posición del Gobierno respecto al papel histórico del Estado español sobre el Sáhara Occidental, situándose de lado de los postulados de Marruecos, el que ahora afecta a la toma de decisiones en materia de solicitudes de asilo de personas saharauis aun sabiendo que sufren persecución y represión por parte de las autoridades marroquíes”.
