The Diplomat
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha pedido una evaluación sobre el impacto económico que tendría el uso del catalán, el gallego y el euskera en las sesiones plenarias de la Eurocámara, a fin de contar con suficientes datos antes de tomar una decisión sobre la oficialización de estas lenguas, reiteradamente pedida por el Gobierno español.
Según informaron fuentes parlamentarias a la agencia Europa Press, Metsola planteó ayer lunes este asunto al resto de la Mesa del Parlamento en Estrasburgo (Francia). En la reunión, la presidenta también informó de la última carta enviada por el Gobierno español en favor de esta medida, remitida a finales de septiembre por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
La evaluación correrá a cargo del Grupo de Trabajo de la Mesa sobre Lenguaje de los Ciudadanos y Servicios Lingüísticos, que integran cinco vicepresidentes de la Eurocámara, incluidos los españoles Esteban González Pons (PP) y Javi López (PSC) y que fue creado antes de septiembre. El grupo está presidido por el liberal eslovaco Martin Hojsík y sus otros miembros son el izquierdista francés Younous Omarjee y la ultraderechista italiana Antonella Sberna, de ECR.
Según las citadas fuentes, Metsola no ha puesto fecha para la conclusión de la evaluación de impacto, pero los trabajos podrían durar “meses más que semanas”, aunque, en todo caso, dentro de la actual legislatura. El objetivo es tener datos claros sobre el coste que supondría la traducción en las sesiones plenarias en cuanto a personal e infraestructuras, pero también valorar otros elementos asociados, como si habría personal cualificado suficiente para asegurar las interpretaciones de las tres lenguas.
Hasta la fecha, Albares ha enviado tres cartas a Roberta Metsola con este asunto. La primera fue remitida en septiembre de 2022 y la segunda en marzo de 2024. Actualmente, ya existen “arreglos administrativos” en el seno del Consejo y de la Comisión Europea que permiten la traducción de muchos de sus documentos a las lenguas cooficiales. Según el ministro, el inicio de la nueva legislatura constituye una “ocasión privilegiada” para avanzar en lo que define como “un asunto prioritario” para España”, según Europa Press.
Las gestiones de Albares ante la Eurocámara coinciden con las iniciadas por el Gobierno para conseguir la modificación del régimen lingüístico europeo con vistas a oficializar el catalán, el euskera y el gallego en el seno de la Unión Europea, cumpliendo así uno los compromisos entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los independentistas catalanes de Junts para conseguir su apoyo en la votación de investidura.
La Secretaría General de la Comisión Europea ha estimado en alrededor de 132 millones de euros el coste de la oficialización del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones comunitarias. Para convencer al resto de socios europeos, España se ha ofrecido a asumir los costes de traducción e interpretación de los tres idiomas en la UE y ha insistido en que la reforma se circunscribiría “exclusivamente al caso de España” y, por tanto, no daría pie a que otras lenguas de otros países se amparasen “en esta reforma si el Estado miembro no lo desea”.
