Eduardo González
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este viernes que el Gobierno “respeta” la decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de anular las decisiones del Consejo de la UE que avalaban los acuerdos comerciales firmados en 2019 entre la Unión Europea y Marruecos en lo que respecta a su aplicación en el Sáhara Occidental.
“Respetamos las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, afirmó Albares durante su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso. “Nuestra apuesta y nuestro compromiso con la estabilidad de la relación con Marruecos es firme y no se va a ver alterada”, aseguró el ministro. El Gobierno, prosiguió, va a seguir “trabajando con la Unión Europea y con Marruecos para preservar y seguir desarrollando esta relación, naturalmente dentro del marco del ordenamiento jurídico”.
El TJUE ratificó este viernes la decisión previa del Tribunal General, que ya había anulado las decisiones del Consejo de la UE que aprobaban dichos acuerdos (relacionados con productos agrícolas y pesca), en línea con los argumentos del Frente Polisario. Según el fallo, la UE vulneró los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados, ya que el pueblo del Sáhara Occidental no fue consultado adecuadamente, a pesar de que los acuerdos afectan directamente a los recursos de su territorio.
Aunque la Comisión Europea y el Consejo de la UE intentaron defender la validez de los acuerdos argumentando que habían realizado consultas previas, el Tribunal concluyó que dichas consultas no fueron dirigidas al pueblo saharaui propiamente dicho, sino a las poblaciones que actualmente residen en el Sáhara Occidental, independientemente de si pertenecen o no a ese pueblo. Dado que gran parte del pueblo saharaui vive exiliada fuera del territorio, especialmente en Argelia, estas consultas no pudieron acreditar un consentimiento válido.
El TJUE decidió, por tanto, anular las decisiones del Consejo que aprobaban los acuerdos comerciales con Marruecos en lo referente a su aplicación en el Sáhara Occidental, ya que se celebraron sin el consentimiento del pueblo saharaui. Este fallo refuerza los principios fundamentales del derecho internacional, como la autodeterminación de los pueblos.
No obstante, el Tribunal reconoció que una anulación inmediata del acuerdo agrícola podría tener consecuencias negativas para la acción exterior de la UE, así como para las relaciones comerciales y económicas en la región. Además, una cancelación abrupta generaría inseguridad jurídica, afectando la estabilidad de las normas y compromisos ya establecidos. Por esta razón, aunque se confirma la anulación, el Tribunal ha decidido que los efectos del acuerdo agrícola se mantendrán vigentes por un período de 12 meses, permitiendo que las partes puedan adaptarse y evitar un impacto negativo inmediato.
Aunque el acuerdo agrícola seguirá en vigor temporalmente, el TJUE ha dado la razón al Frente Polisario y, por extensión, al pueblo del Sáhara Occidental, al reconocer su derecho a ser consultado sobre la explotación de los recursos naturales de su territorio.
