The Diplomat
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha enviado una carta a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para pedirle que se apruebe el uso del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales en el Parlamento Europeo.
Esta es la tercera vez que Albares pide formalmente a Metsola la adopción de un acuerdo administrativo que permita el uso de las tres lenguas cooficiales en la Eurocámara, como ya ocurre en otras instituciones comunitarias, tras las cartas remitidas en septiembre de 2022 y en marzo de 2024. Actualmente, ya existen «arreglos administrativos» en el seno del Consejo y de la Comisión Europea que permiten la traducción de muchos de sus documentos a las lenguas cooficiales.
En la misiva, el ministro considera que el inicio de la nueva legislatura constituye una «ocasión privilegiada» para avanzar en lo que define como «un asunto prioritario» para España”, informa Europa Press.
Albares pide poder abordar «personalmente» con Metsola la posibilidad de que esta lleve a la Mesa de la Eurocámara el acuerdo administrativo que permita el uso de catalán, euskera y gallego en la misma.
Como argumento a favor de este paso, el ministro de Exteriores pone de relieve la necesidad de acercar las instituciones europeas a los ciudadanos y esgrime que en las regiones donde se hablan estas lenguas viven más de 20 millones de personas, al margen de que están reconocidas por la Constitución y son lenguas de trabajo tanto en el Congreso como en el Senado.
Esta iniciativa, para la que el ministro ha pedido en varias ocasiones el respaldo del PP, dado que su familia política es mayoritaria en la Eurocámara, es independiente de la iniciada el verano pasado a cambio del respaldo de Junts a la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso.
Entonces, Albares solicitó al Consejo de la UE que se incluyeran el catalán, el euskera y el gallego en el régimen lingüístico como lenguas oficiales. Para que esto sea posible, es precisa la unanimidad de los Veintisiete. El Gobierno aprovechó la presidencia de turno que ostentaba España en el segundo semestre de 2023 para tratar de impulsar su propuesta, pero no logró concitar el respaldo necesario, ante las dudas de algunos socios de que pueda sentar precedentes respecto a otras lenguas minoritarias.
Para superar ese escollo, el Gobierno ha propuesto que sea España quien asuma el coste de traducción que supondría la inclusión de estas tres nuevas lenguas, que vendrían a sumarse a las 24 que ya son oficiales en la UE. Según las estimaciones de Bruselas, la factura ascendería a los 132 millones de euros anuales.
El contenido de la carta, fechada el 18 de septiembre, se conoce, además, en pleno debate por la falta de apoyo parlamentario del Gobierno después de que Junts adelantara que no respaldaría el techo de gasto y forzara al Ejecutivo a aplazar la votación prevista para el jueves.
