González denuncia coacciones del régimen de Maduro para permitirle la salida de Venezuela

Eduardo González El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia desveló ayer que firmó durante su estancia en la residencia del embajador español en Caracas un documento, presentado por representantes del Gobierno de Nicolás Maduro bajo la amenaza de que si no lo hacía se tendría que «atenerse a las consecuencias», una «coacción» que en su opinión anula el texto. En un vídeo difundido a través de sus redes sociales, González Urrutia, exiliado desde el 8 de septiembre en España donde busca asilo político, responde así a la presentación por parte del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, de una «carta firmada» en la que el opositor dice acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de su país de validar el triunfo de Maduro en los comicios del 28 de julio. El opositor explica que, mientras estaba resguardado en la residencia del embajador español de Caracas, se le presentó un documento que tenía que firmar para conseguir el salvoconducto que le permitiría salir de Venezuela rumbo al exilio. En su mensaje, relata el momento en el que firmó el documento, «horas muy tensas de coacción, chantajes y presiones» protagonizadas por el propio presidente de la Asamblea Nacional venezolana y la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez. «En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones, en esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano», reflexiona. «Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un viso grave en el consentimiento», añade. Por el contrario, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que fue el propio González quien en los días previos se puso en contacto con las autoridades chavistas para hacerles llegar su "deseo" de salir del país. Añadió que él y Delcy Rodríguez fueron invitados la noche de la salida de González a la Embajada de España en Caracas, en donde tuvo lugar la firma de dicho documento, en el que el opositor asumió el acatamiento de las decisiones adoptadas por los órganos de justicia que emanan de la Constitución, aún no estando de acuerdo con ellas. Dirigentes del PP exigieron ayer explicaciones al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con el fin de "aclarar las acusaciones" de Edmundo González. Quieren que diga si España le "concedió asilo político a quien ganó las elecciones una vez que el régimen consiguió chantajearle y sacar de él lo que querían con amenazas y coacciones". Fuentes del PP dijeron a Europa Press que desean saber "si el embajador en Venezuela estaba presente durante las amenazas que denuncia Edmundo González" o "si por el contrario se retiró de la estancia para dejar hacer a los enviados de Maduro". Según los populares, el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha dicho que "no negoció nada con el régimen" de Maduro, "permitió la entrada" en la embajada española "de dos altos cargos de la dictadura venezolana para que amenazaran en suelo español a González". El Senado pide reconocer a González Mientras, en España, el pleno del Senado aprobó ayer una moción del Partido Popular en la que se insta al Gobierno a reconocer a Edmundo González como “nuevo presidente de Venezuela”, a la vista de los resultados de las elecciones del 28 de julio. La votación tuvo lugar una semana después de que el Congreso de los Diputados aprobase una Proposición no de Ley del PP en el mismo sentido, que salió adelante gracias al respaldo del PNV y fue rechazada por los diputados del PSOE. En este caso, la proposición fue aprobada con 149 votos a favor (los del PP -que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Baja-, Vox, UPN y Junts) y 102 en contra (PSOE y sus socios de investidura) y dos abstenciones -Agrupación Herreña Independiente (AGI) y Asociación Socialista Gomera (ASG). El PNV, cuyos votos favorables fueron decisivos en el Congreso, no participó en la votación. En cambio, sí lo hizo Junts, que se ausentó en la Cámara Baja a causa de las celebraciones de la Diada. El texto aprobado afirma que “el Gobierno de España no puede seguir generando dudas acerca de su posición en relación con el proceso de transición a la democracia que se ha abierto en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de pasado”. En este sentido, advierte de que “ya no sirve tan sólo con apelar a los Acuerdos de Barbados, incumplidos por el régimen de Nicolás Maduro sistemáticamente; ya no sirve tan sólo con demandar en términos generales procesos electorales transparentes y limpios en cualquier lugar del planeta; ya no sirve tan sólo con reclamar la publicación de las actas con las cifras correspondientes al escrutinio electoral del proceso electoral concluido el 28 de julio; ya no sirve tan sólo con ofrecer asilo a quienes sufren persecución política y represión por sus ideas, valores y principios”. “Las actas de escrutinio exhibidas por la oposición democrática, cuyos datos en modo alguno ha contrarrestado la Comisión Electoral Nacional (CEN) dependiente de Maduro, muestran sin ningún género de duda que los venezolanos votaron masivamente un cambio de gobierno y la apertura de un proceso de transición a la democracia”, prosigue la moción. “El 67% de los apoyos electorales los obtuvo la candidatura de Edmundo González Urrutia, frente al 31% de la candidatura del actual presidente, Nicolás Maduro. Transcurridos cuarenta y cuatro días desde la jornada electoral del 28 de julio, son los únicos datos fiables de los que dispone la sociedad venezolana y la comunidad internacional”, añade. Por ello, el Senado “insta al Gobierno de España a reconocer a Edmundo González Urrutia como nuevo presidente de Venezuela”. Durante el debate, osé Antonio Monago Terraza, del PP, afirmó que “la respuesta del Gobierno de España ha sido tan triste como vergonzosa”. “Las actas ya no existen, las trituró la dictadura de Maduro. El pueblo de Venezuela habló con una voz unida: Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de los votos”, prosiguió el senador, quien, frente a la “complicidad y pasividad” al Ejecutivo, reclamó que España lidere en la UE “los principios democráticos sin ninguna excusa”, apoyando sanciones específicas contra el régimen, y acuda a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que se emita una orden de arresto contra Nicolás Maduro y el resto de dirigentes por crímenes de lesa humanidad. Por su parte, el senador socialista Rafael Lemus lamentó que el PP haya intentado “convertir las elecciones venezolanas en el principal problema de los españoles” y acusó a los ‘populares’ de estar dando “argumentos al régimen de Maduro para bunkerizarse e intentar que España sea el principal problema de los venezolanos”. Asimismo, Gabriel Colomé, también del PSOE, reprochó la “estrategia de acoso y derribo” del PP, que está utilizando Venezuela “en clave política española”, y elogió la actuación del Gobierno “en favor de la democracia y los derechos humanos y políticos” en Venezuela. Asamblea Nacional de Venezuela Tras la votación en el Congreso, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, reclamó al Gobierno de Maduro la ruptura de relaciones con España en respuesta a esta “declaración de guerra”. En este sentido, la comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano presentó este martes un proyecto de resolución en la que se insta al Gobierno a “evaluar la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales” con España. El texto rechaza “categóricamente la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso de los Diputados de España” y exige el Gobierno español que “respete las decisiones del pueblo venezolano, que eligió soberanamente al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela”. Asimismo, insta al Gobierno venezolano a “evaluar en un tiempo perentorio la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España como acción recíproca por la grosera e injerencista proposición adoptada por el Congreso de los Diputados de España en contra de la institucionalidad venezolana”.

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