Eduardo González
El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha despojado de la nacionalidad a 135 presos políticos desterrados a Guatemala, según informó el diario nicaragüense Confidencial, próximo a la oposición.
El pasado 5 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia anunció en una nota de prensa que, “con base en la Constitución Política, Código Penal”, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz y la Ley Especial que regula la pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense)”, se ordenaba “la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo Nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional”. La Constitución de Nicaragua establece que “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad”.
Asimismo, se dispone “el decomiso de todos los bienes de los condenados, a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos, ocasionaron a la población y al país”. El régimen no ha publicado todavía la lista oficial con los nombres y apellidos de los afectados.
Desde febrero de 2023, el régimen orteguista ha excarcelado, desterrado y ordenado la confiscación de aproximadamente 400 reos de conciencia a Estados Unidos, el Vaticano y Guatemala.
El 9 de febrero de 2023, el Gobierno de Managua expulsó del país con destino a EEUU y despojó de la nacionalidad a 222 opositores (diplomáticos, exfuncionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios y comerciantes) acusados de traición. Tras conocer la decisión del régimen de Ortega, el Gobierno español de Pedro Sánchez se ofreció a conceder la nacionalidad española a los declarados “apátridas” por el régimen nicaragüense.
Una semana más tarde, Daniel Ortega decretó la retirada de la nacionalidad y la incautación de sus bienes a otros 94 opositores por esos mismos motivos, tras lo cual el Gobierno español extendió su oferta a este segundo grupo. Además de España, los Gobiernos de Chile, Colombia, Brasil y México también han ofrecido la nacionalidad a los “apátridas” del régimen.
Entre mayo de 2023 y julio de 2024, el Gobierno español concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza a 133 nicaragüenses expulsados y despojados de su ciudadanía por el régimen de Daniel Ortega, entre los que figuran diplomáticos, exfuncionarios de Estado, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, opositores, periodistas, académicos, estudiantes, empresarios y comerciantes, y figuras tan importantes como Cristiana Chamorro, precandidata presidencial en los comicios de 2021; el periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios, fundador del diario local ‘Confidencial’ e hijo de la expresidenta Violeta Chamorro; la socióloga Gertrudis Guerrero, esposa del escritor nicaragüense exiliado Sergio Ramírez; o la escritora Gioconda Belli.
