The Diplomat
Todos los ex presidentes de Gobierno españoles -con la excepción de José Luis Rodríguez Zapatero- han suscrito un documento, junto a una treintena de ex mandatarios iberoamericanos en el que reclaman al Tribunal Penal Internacional la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El documento va firmado por Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy y ex presidentes como Óscar Arias (Costa Rica), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Iván Duque y Andrés Pastrana (Colombia), Eduardo Frei (Chile) Mauricio Macri (Argentina), Lenín Moreno (Ecuador) o Julio María Sanguinetti (Uruguay).
El texto ha sido entregado por Andrés Pastrana en La Haya, sede del TPI, en nombre de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), que ha decidido actuar atendiendo un «deber moral» y por «convicciones democráticas».
Los firmantes denuncian que Venezuela es «un Estado militar represor» que ejerce «terrorismo de Estado», explicó Pastrana en un vídeo divulgado en redes sociales.
Pastrana abogó por la «urgente intervención» del fiscal jefe del TPI, Karim Khan, para que solicite la detención de los principales líderes chavistas, incluidos Maduro y Diosdado Cabello, el nuevo ministro del Interior y uno de los hombres fuertes del régimen bolivariano.
El documento apunta directamente a los citados y a la «cadena de mando» que orquesta y permite las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela, tras un proceso electoral lleno de sombras, al término del cual Maduro se autoproclamó vencedor, en contra de lo que afirma la oposición y sin presentar las actas electorales, como la viene reclamando la comunidad internacional.
La Fiscalía del TPI ya abrió en 2021 una investigación preliminar sobre posibles abusos en Venezuela a raíz precisamente de una petición de un grupo de países iberoamericanos.
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del año 2000, por lo que teóricamente debe someterse a la soberanía del tribunal. El Gobierno de Maduro, sin embargo, ha cuestionado durante estos últimos años las pesquisas abiertas, alegando entre otras cosas que no ha habido abusos generalizados y que hay procedimientos de rendición de cuentas ya en marcha en el país sudamericano.
