Luis Ayllón
El Gobierno español insiste en que no reconocerá los resultados de las elecciones celebradas en Venezuela hasta que sean publicadas las actas de los comicios, después de que el Tribunal Supremo de ese país, controlado por el régimen bolivariano haya avalado el triunfo de Nicolás Maduro.
Fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores manifestaros ayer, como el Ejecutivo ha dicho “desde el primer momento”, que para poder reconocer los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela “es indispensable que se publiquen de manera íntegra y verificable las actas con los resultados de las votaciones, de manera que haya plena transparencia como ha señalado el panel de expertos de Naciones Unidas y como es habitual en todas las democracias”.
“En tanto esto no se produzca, no podremos reconocer el resultado de las elecciones”, subrayaron las citadas fuentes.
Asimismo, las fuentes informantes reiteraron el llamamiento del Gobierno español a que “se respete el derecho de los venezolanos a manifestarse de manera pacífica y a expresar libremente sus opiniones políticas”.
“Con nuestros hermanos latinoamericanos y con nuestros socios en la UE seguiremos trabajando para que se respete la voluntad democrática del pueblo de Venezuela, para que haya una solución política basada en el diálogo y la negociación entre los venezolanos y venezolanas, y para que cesen las detenciones y se mantenga la paz social que el país necesita”, concluyeron las mismas fuentes, en referencia al comunicado suscrito la pasada semana por una veintena de países europeos e iberoamericanos, junto con Estados Unidos, Canadá y Marruecos.
El exiliado político Antonio Ledezma, que fue alcalde de Caracas y estuvo preso en Venezuela durante más de mil días, destacó la postura del Gobierno español al no avalar la proclamación de Maduro, y escribió: «Esas posiciones son las que harán posible desenmascarar a la feroz dictadura que oprime al pueblo venezolano.
Sin embargo, la posición de España, tras conocer la sentencia del Supremo venezolano es menos contundente que la expresada por el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien, en su cuenta de la red social X, señaló que la decisión del Tribunal «termina de consolidar el fraude» e insistió en que su Gobierno «no reconoce este falso triunfo».
«No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra», dijo Boric, quien añadió que la «dictadura» de Maduro no representa en ningún caso a la izquierda política, en la medida en que para ello debería «respetar los Derechos Humanos sin importar el color de quien los vulnera».
Ayer, Chile y otros nueve países iberoamericanos (Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay), junto a Estados Unidos, difundieron un comunicado conjunto en el que expresan su desacuerdo con el proceso electoral, cuestionando la falta de transparencia y la ausencia de una auditoría independiente.
En el texto sostienen que la validación de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no refleja la voluntad del pueblo venezolano debido a la obstrucción de la oposición durante las elecciones. Además, denuncian la falta de imparcialidad tanto del TSJ como del CNE, instando a una auditoría imparcial que garantice la autenticidad del proceso.
Asimismo, expresan su «profunda preocupación y rechazo por las violaciones a los Derechos Humanos» perpetradas contra los ciudadanos que pacíficamente reclaman el respeto al voto de la ciudadanía y el restablecimiento de la democracia.
También la secretaria general de la Organización de Estados Americanos (OE), a cuyo frente está Luis Almagro, rechazó la decisión del Supremo venezolano, subrayando: «Era ridículo esperar que el TSJ ilegitimo venezolano impartiera justicia en el proceso electoral venezolano y actuara conforme a derecho, respetando el Estado de Derecho Democrático ya que el mismo es completamente inexistente en el país desde hace muchos años».
La OEA insiste en la falta de imparcialidad e independencia tanto del TSJ como del CNE venezolanos y afirma que «el único camino para Venezuela es el de la Justicia Internacional de la Corte Penal Internacional».
