The Diplomat
España, Estados Unidos, la Unión Europea, y una veintena de países europeos y latinoamericanos, además de Canadá y Marruecos, firmaron ayer en Santo Domingo, aprovechando la presencia de sus mandatarios en la toma de posesión del presidente dominicano, Luis Abinader, una declaración conjunta en la que hacen “un firme llamado a la sensatez y la cordura en Venezuela”, reclaman el fin de la represión de las protestas, exigen la liberación de presos y piden la publicación de las actas de las elecciones del 28 de julio.
La declaración, según dijeron a The Diplomat fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español, es importante “por el número de países, porque por primera vez se suman países europeos y de Latinoamérica». Las mismas fuentes aseguraron que España ha estado en el origen de la preparación del texto junto a República Dominicana «y ha liderado la posición de la UE».
También resaltaron que en la declaración «se ha elevado el tono de la crítica» al régimen bolivariano por su actitud tras los comicios. La declaración ha sido preparada aprovechando la presencia de dirigentes de distintos países en Santo Domingo para asistir a la toma de posesión de Luis Abinader para un segundo mandato como presidente de República Dominicana. Por parte del Gobierno español se encontraba presente en la capital dominicana la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, ya que fue quien acompañó en la toma de posesión a Su Majestad el Rey, en lugar del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que siguió las negociaciones del texto desde Madrid.
Además de la Unión Europea, la declaración ha sido firmada por 21 países: Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile, Chequia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Guyana, Italia, Marruecos, Países Bajos, Reino Unido, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Surinam y Uruguay.
Los firmantes urgen “a que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos y, en particular en el derecho a manifestarse pacíficamente y a ejercer la libertad de expresión”. También muestran su “profundo rechazo” por la represión y la violencia “que han costado la vida de muchos venezolanos” y muestran su alarma por “las denuncias de detenciones arbitrarias sin el debido proceso” al tiempo que requieren la liberación de los detenidos.
En la declaración se solicita también que “se permita el urgente regreso a Venezuela de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, y se pide al Gobierno de Venezuela que garantice las “condiciones adecuadas para que pueda desempeñar plenamente su mandato”.
Respecto a las seis personas que permanecen refugiadas en la residencia oficial del embajador argentino, los 21 firmantes recuerdan al Gobierno de Maduro que Venezuela es un Estado parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 y, por tanto, “debe cumplir sus preceptos y expedir los salvoconductos que permitan a los seis asilados “retirarse de forma segura del territorio venezolano”.
También recuerdan que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela aún no ha presentado las actas electorales que sustenten la veracidad de los resultados anunciados el 2 de agosto, según señala en un informe preliminar el Panel de Expertos de Naciones Unidas sobre las elecciones presidenciales de Venezuela, y solicitan su publicación inmediata.
“El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela”, concluye la declaración.
