Alberto Rubio
Frente a la exigencia del PP para que el Gobierno español “reconozca formalmente a Edmundo Gonzalez como legitimo jefe de Estado”, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, esgrimió ayer prudencia diplomática en el Senado para anunciar que mantiene contactos con el Gobierno y la oposición venezolanos con el objetivo de avanzar hacia una solución «dialogada» y «negociada» de la actual crisis.
Albares aseguró que “el Gobierno de España no ha dejado nunca de apoyar a los venezolanos” y tildó de “bulos y falsedades” las acusaciones de la portavoz del Partido Popular, Alicia García —“ustedes son el principal aliado de Maduro en la UE”— y subrayó que “las sanciones de la UE (contra el régimen de Nicolás Maduro) se mantienen” a solicitud de España.
El ministro desveló que en los últimos días ha mantenido contactos telefónicos con su colega venezolano, Iván Gil, y con los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González, así como con líderes de la Unión Europea y América Latina “para avanzar en el diálogo”. No obstante, el PP no logró arrancarle un reconocimiento explícito de la victoria del candidato opositor en las pasadas elecciones del 28 de julio.
Albares insistió en varias ocasiones en que el Gobierno español está trabajando “del lado de la democracia, los derechos humanos y el respeto a los derechos fundamentales” y pidió a todos los partidos representados en la Comisión de Exteriores del Senado, especialmente al Partido Popular, que “se sumen al Gobierno en estas acciones”.
Albares se mostró sorprendido por los ataques del PP después de que, como dijo, él mismo se haya puesto en contacto con Alberto Núñez Feijóo para informarle sobre la crisis en Venezuela. «Sabe perfectamente lo que estamos haciendo», señaló antes de acusar a los ‘populares’ de utilizar la crisis venezolana por «oportunismo político». «Nosotros hacemos y ustedes hacen que hacen», respondió a Alicia García.
Con prácticamente todos los partidos de acuerdo en que el Gobierno de Maduro debe “aceptar los resultados, detener la brutal represión y negociar una transición pacífica”, como resumió el portavoz del Grupo Vasco, Luis Jesús Uribe-Etxebarría, los senadores tuvieron tiempo para enzarzarse con el ministro en otros asuntos más “particulares”. Alicia García (PP) exigió que el Gobierno “desautorice a Zapatero por su complicidad con el régimen de Maduro”; Ángel Gordillo (Vox) incluyó en la pelea al alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, al que acusó de “trabajar a favor de la dictadura venezolana”; Eduardo Pujol, de Junts, aprovechó para defender a Carles Puigdemont y criticar el “alzamiento de las togas frente a la voluntad popular expresada en las urnas” en una España “que quiere dar lecciones de democracia sobre Venezuela”; y Juanjo Ferrer, del Grupo de Izquierda Confederal, pidió explicaciones por el viaje de la comisión del Senado que no pudo entrar en Venezuela “porque nadie entiende que nos gastemos 9.000 euros para nada”.
Albares no perdió demasiado tiempo en las respuestas a esas críticas “domésticas”. Frente al PP defendió a Zapatero porque “hace una labor que el Gobierno aprecia y valora, participado en numerosas mediaciones y liberaciones de presos políticos. Al portavoz de Vox le recordó que “usted defiende a un jefe de Estado (Javier Milei) que vino aquí a insultar al presidente del Gobierno”. Y al representante de Junts le respondió sin mencionar a Puigdemont: “el Gobierno y en particular el ministro de Justicia actuamos en favor de los derechos fundamentales”.
Volviendo al centro del debate, Albares aseguró que tanto María Corina Machado como Edmundo González citaron a España como el primer país europeo a la hora de agradecer “nuestra posición y nuestras gestiones”. Y expresó su deseo de que todos los grupos políticos “salgamos unidos de aquí” y de acuerdo en que “podamos seguir hablando con todos”, Gobierno y oposición, porque “necesitamos una solución entre venezolanos”. Tras recordar la cantidad de venezolanos que residen en España y viceversa, el ministro terminó su intervención afirmando que “nos va mucho en juego, tanto a los venezolanos como a los españoles”.
Además, Albares dijo, como consecuencia de los contactos con el Gobierno venezolano, España representará los intereses diplomáticos de República Dominicana tras la salida de su personal. «España siempre estará a disposición de todos los países y todos los pueblos hermanos de América Latina», afirmó.
