The Diplomat
El Tribunal de Cuentas planteó ayer una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a la Ley de Amnistía por considerar que la “posible extinción de responsabilidades” por el presunto desvío de fondos al referéndum independentista catalán podría colisionar con los intereses financieros de la UE.
De acuerdo con el auto presentado por la consejera de cuentas encargada del procedimiento, Elena Hernáez, es “muy difícil conciliar” la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) con la “prevención de la impunidad del fraude y la corrupción” que persigue el derecho de la Unión Europea y, de hecho, si ya estuviese en vigor la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la corrupción, no habría sido posible aprobar esta ley en España.
El Tribunal de Cuentas estima que “podría darse el caso de que se declarase la extinción de responsabilidades contables en atención a finalidades que no son realmente las previstas en la ley de amnistía” y, por tanto, que no se beneficiarían de la norma.
Concretamente, la consejera se refiere a la posibilidad de que el presunto desvío de fondos para el 1-0 y la promoción exterior del proceso independentista, por el que han sido encausados el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otras 34 personas, no hubiera ido, realmente, a los hechos amnistiados por la ley. “Esto es, que no fueran, indubitadamente, actuaciones destinadas a promover la independencia o secesión de Cataluña, o a procurar la celebración de las consultas”, añade.
La semana pasada, el Tribunal Supremo elevó la ley al Tribunal Constitucional por considerar que vulnera preceptos constitucionales como el de la igualdad ante la ley o la seguridad jurídica, pero hasta la fecha ningún tribunal español había acudido a la Justicia europea-
El procedimiento se dirige contra 33 altos cargos del Gobierno catalán por su responsabilidad contable en el desvío de fondos públicos para sufragar el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la promoción exterior del ‘procés’. La Fiscalía cuantificó ese supuesto desvío en 3,4 millones de euros. Con su nueva actuación, el Tribunal de Cuentas suspende el Procedimiento de Reintegro, al igual que la aplicación inmediata de la amnistía que formularon algunos de los demandados el mismo día de la entrada en vigor de la norma, mientras se resuelven las ocho cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE.
