Bruselas lamenta las declaraciones de políticos, incluso del Gobierno, contra los jueces

The Diplomat La Comisión Europea presentó ayer su informe sobre el Estado de Derecho en la UE, en el que destaca “avances significativos” en España tras el acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recoge las quejas de la judicatura por las declaraciones de políticos, incluido desde el Gobierno, contra los jueces y anuncia que se está examinando la Ley de Amnistía, cuya aprobación ha causado “gran controversia” en España. El informe, de mil páginas, destaca los “avances significativos” que permitieron desbloquear la renovación de CGPJ y celebra el acuerdo alcanzado por los dos principales partidos políticos española gracias al “diálogo estructurado” promovido por la Comisión, que actuó de mediadora en las conversaciones. En cualquier caso, advierte de la necesidad de que se cumplan todas las disposiciones previstas en el acuerdo -suscrito el pasado mes de junio en Bruselas- y de que se “impulse el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los consejos del poder judicial”. El informe destaca también los “avances” de España en el fortalecimiento del Estatuto del Fiscal General del Estado, pero los considera insuficientes y advierte de que persisten deficiencias en la separación de los mandatos del Fiscal General del Estado y del Gobierno. Por ello, la Comisión insta a España a seguir reforzando dicho estatuto, especialmente en lo referente a la separación de poderes, en conformidad con las normas europeas sobre la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal. El informe recoge también la “preocupación” que existe en la judicatura (CGPJ, asociaciones de jueces y otros grupos de interés) por las declaraciones de algunos políticos, incluido desde el propio Gobierno, en las que se criticaban “tanto decisiones judiciales individuales como al poder judicial en su conjunto” y advierte del riesgo de que este tipo de ataques “socave cada vez más la confianza pública en el poder judicial”. “Si bien los tribunales no son inmunes a las críticas y al escrutinio, la confianza del público en el poder judicial es fundamental para su eficacia, en vista de su papel especial en la sociedad”, indica el texto. Cualquier “daño” a esta confianza es “particularmente relevante” cuando procede de declaraciones realizadas desde los poderes legislativo y ejecutivo, añade. Aparte, a pesar de algunos progresos en el abordaje de los desafíos relacionados con la duración de las investigaciones y los procesos judiciales, la Comisión insta a España a intensificar sus esfuerzos para mejorar la eficiencia en la tramitación de casos de corrupción de alto nivel, especialmente mediante la culminación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El informe también resalta la falta de avances en la legislación sobre grupos de presión por lo que exhorta a España a adoptar legislación en este ámbito, incluyendo la creación de un registro público obligatorio para grupos de presión. En texto subraya también la necesidad de reforzar las normas sobre conflictos de intereses y la declaración de bienes de las personas con funciones ejecutivas de alto nivel. Esto incluye fortalecer la independencia y la capacidad sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses. Asimismo, el texto enfatiza la necesidad de mejorar el acceso a la información, especialmente a través de la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, en línea con las normas europeas sobre el acceso a documentos oficiales. La Comisión examina la Ley de Amnistía Por otra parte, el informe indica que la Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social de Cataluña (adoptada el 30 de mayo de 2024 y vigente desde el 11 de junio de 2024, que otorga amnistía por actos y eventos relacionados con el “proceso de independencia” en Cataluña, incluyendo las responsabilidades criminales) ha sido objeto de “gran controversia” en España tanto “por las circunstancias políticas imperantes durante su proceso de aprobación” como “por su contenido”, lo que se tradujo en “manifestaciones y declaraciones públicas de diferentes partes interesadas” y en una "ingente correspondencia" a la Comisión Europea para trasladar esta situación. A causa de esta controversia, continúa el texto, la Comisión ha pedido a las autoridades “aclaraciones” a las autoridades españolas. En rueda de prensa, la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Valores y Transparencia, Vera Jourová, explicó que la ley está siendo examinada, sin desvelar más detalles o plazos específicos. Asimismo, advirtió de que las especulaciones sobre la posible iniciación de procedimientos de infracción “son solo eso, especulaciones” y aseguró que la Comisión Europea llevará a cabo un análisis exhaustivo para concluir si es necesario tomar medidas. Sin mencionar expresamente la Ley de Amnistía, el informe también recoge la “preocupación” que le ha llegado desde distintos sectores por el uso “excesivo” de los procedimientos de urgencia para la aprobación de leyes.

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